ACTIVO DE LAS EMPRESAS, REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. ES INCONSTITUCIONAL SU ARTICULO 21, POR CONTRAVENIR LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 9o. DEL ORDENAMIENTO QUE REGLAMENTA, EN CUANTO AL PLAZO DE ACREDITAMIENTO.

La Ley del Impuesto al Activo de las Empresas señala, en el primer párrafo de su artículo 9o., que los contribuyentes de ese gravamen "podrán acreditar una cantidad equivalente al efectivamente pagado contra las cantidades a que estén obligados en el impuesto sobre la renta, correspondiente a sus actividades empresariales, siempre que se trate del mismo ejercicio y de los tres ejercicios siguientes"; por su parte, el artículo 21 del ordenamiento que la reglamenta dispone que para los efectos del invocado artículo 9o., los contribuyentes cuya actividad preponderante sea la construcción de obras públicas, la enajenación de lotes en fraccionamientos o parques industriales, o los causantes que sean concesionarios de la operación de carreteras, "podrán acreditar, en los cinco ejercicios siguientes, una cantidad equivalente al impuesto del ejercicio efectivamente pagado que no hubieren podido acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo en el mismo ejercicio". La comparación de las disposiciones en cita permite advertir que el precepto reglamentario otorga un tratamiento inequitativo a ciertos contribuyentes, excediendo y contrariando la voluntad del legislador, expresada taxativamente en el texto de la Ley; por consiguiente, si las normas reglamentarias desenvuelven el contenido de las leyes, resulta lógico concluir que las primeras no pueden contradecir las hipótesis de las segundas estableciendo supuestos distintos de los ya previstos; de ahí que la disposición reglamentaria que se analiza viola el orden constitucional del cual emana, al contrariar supuestos que el legislador ya definió en el texto de la norma legal, precisando sus exactos límites.