MANDATO OTORGADO POR UNA INSTITUCION DE CREDITO. REQUISITOS.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90, de la Ley de Instituciones de Crédito, los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones mas que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de consejeros, razones por las cuales, resulta inexacto el criterio de la autoridad responsable, sustentado en el acto reclamado, en el que considera insuficiente, para acreditar la personalidad con que se ostenta un apoderado general para pleitos y cobranzas, el poder en el que no se transcribieron o copiaron el acta constitutiva, el acta de asamblea y los estatutos sociales de la institución de crédito mandante, pues ello, era innecesario a la luz del precepto legal antes invocado, en relación con lo establecido por los diversos 30 y 32, fracciones III y VIII, de la Ley del Notariado para el Estado de Guerrero, en los que se faculta al notario público ante quien se otorguen, a relacionar, insertar o agregar al apéndice, mas no a transcribir o a copiar, los documentos que se le presenten, para su formulación, empero, en cualquiera de dichos supuestos, está obligado a mencionarlos en la escritura que asiente en su protocolo y en el testimonio que expida; consecuentemente, si en el instrumento público, que contiene el mandato otorgado por la institución de crédito quejosa, se hace mención a los documentos, con los cuales el notario tuvo por acreditada la constitución y existencia jurídica de la poderdante, así como, a los que acreditaron la personalidad de quien compareció a ese acto en su representación, es inconcuso, que tal mandato es eficaz para acreditar el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, con que se ostentó quien compareció a juicio en su nombre. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.