ACCION PENAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO TRATANDOSE DE LA.

El artículo 21 de la Constitución General de la República establece que el ejercicio de la acción persecutoria es facultad exclusiva del Ministerio Público, ya que éste es el representante de la sociedad, y por ello los particulares quedan excluidos completamente de participación en la misma, por eso dicha acción no está ni puede estar comprendida en el patrimonio de éstos, no constituye un derecho privado de los mismos, ya que aun en el supuesto de que el Ministerio Público indebidamente se abstuviera de resolver sobre el ejercicio de la acción penal, tal omisión lesionaría, en último extremo, el derecho social de perseguir los delitos, lo cual podría ser materia de un juicio de responsabilidad, pero de ninguna manera de una controversia constitucional, pues en el caso de concederse el amparo sería para el efecto de que se ejercitara la acción penal, y esto equivaldría a dejar al arbitrio de los tribunales federales la persecución de los delitos en contravención al contexto del artículo 21 invocado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.