APODERADO DEL QUEJOSO, LA RATIFICACION DE LA DEMANDA DE AMPARO PUEDE REALIZARSE POR EL.

El artículo 4o. de la Ley de Amparo que establece el principio de iniciativa de parte en el juicio de amparo, implica la obligación al sujeto directamente afectado por leyes o actos de autoridad a ejercitar la acción constitucional, por sí mismo o a través de su representante. La representación es el acto de representar o de ser representado para la realización de actos jurídicos, esto es, actuar en nombre de otro, o bien, que otro sujeto actúe en nombre propio. Los efectos de la representación van a incidir directamente en la esfera jurídica del representado, porque es un servicio que se presta a la persona a quien pertenecen los bienes o intereses jurídicos. Esta representación puede darse u obtenerse de dos formas, que son: a) la representación voluntaria y b) la representación legal. Se da la representación voluntaria cuando existe una declaración de voluntad de otorgar a otro la actuación a nombre propio, ya sea en forma unilateral, por poder, en procuración o por contrato (comisión mercantil). La representación legal en cambio, es aquella que emana directamente de la ley, es decir, está establecida por disposición expresa, como es el caso de incapacidades, la tutela, etc. Así entonces, podemos concluir que la representación es una institución jurídica a través de la cual se puede obtener la realización de actos jurídicos dentro del ámbito legal con validez y eficacia sobre el patrimonio e intereses jurídicos del representado. Por ello, si el poder que se otorgó en términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en toda su amplitud y sin limitación alguna, constituye una manifestación de la representación que se formaliza para su validez legal a través del mandato en términos de los artículos 1800, 2546, 2547, 2551 y 2554 del citado ordenamiento civil. Habiéndose perfeccionado jurídicamente la representación por poder que haya otorgado el quejoso a su apoderado, éste puede actuar en sustitución del representado sin limitación dentro del juicio constitucional; porque en el caso la representación se realizó en términos del mandato que obliga al mandatario a actuar por cuenta del mandante sobre los bienes o intereses jurídicos de éste. Efectivamente, la representación por poder para pleitos y cobranzas (mandato), otorga al mandatario o representante una actuación ilimitada dentro de los procedimientos jurisdiccionales o judiciales pudiendo intervenir libremente sobre las actuaciones que correspondan al representado, porque existe la voluntad expresa de éste para que su representante lo sustituya en su actuar. En consecuencia, es exacto determinar que el requerimiento que se le realizó a los promoventes del amparo, entendiéndose a aquellos que ejercitaron la acción constitucional para ratificar el escrito de demanda, puede ser desahogado por el apoderado o representante de ellos. Esto es así, porque basta advertir que en términos de los artículos 12 y 14 de la Ley de Amparo el quejoso puede constituir apoderado para que lo represente en el juicio, sin que se requiera cláusula especial para que el mandatario promueva y continúe el juicio de garantías, a menos de que se trate del desistimiento; pudiendo constituirse esta representación en cualquier estado del juicio pues dichas disposiciones no son limitativas al respecto. De lo anterior, se infiere que el hecho de que el juzgador haya ordenado el requerimiento al promovente del amparo, ello no obsta para que surta efectos legales la ratificación de la demanda de amparo que efectuó el apoderado de él; máxime que al desahogarse la aclaración por el propio quejoso, además de que otorgó el poder correspondiente, estableció en el propio escrito su voluntad de que su mandatario o representante ratificara esa demanda. Estimar lo contrario y permitir que la ratificación deba ser directamente por el quejoso, implicaría hacer nugatorios los efectos del mandato y limitarlo sólo a diversos actos o actuaciones, lo que rompería con la naturaleza de esta institución, que se traduce en una sustitución de la actuación del representado. Se debe considerar que la finalidad de la existencia de la representación se estableció para evitar que sea directamente el afectado quien acuda a realizar las actuaciones que le corresponden en un procedimiento o en la ejecución de actos de diversa naturaleza. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.