NACIONALIDAD MEXICANA ADQUIRIDA POR NATURALIZACION. NO ES INCONSTITUCIONAL QUE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO UNA PETICION DE QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO ENCAMINADO A DECLARAR QUE UNA PERSONA PERDIO LA, ANTES DE MORIR; AUNQUE EN VIDA DICHA PERSONA HUBIESE INCURRIDO EN CAUSA SUFICIENTE PARA ELLO.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 33, y 37, apartado A, de la Constitución Federal; 2o., 3o., 17, 18, 38, 45, 48 y 57, así como 2o. y 3o. transitorios, de la Ley de Nacionalidad y Naturalización; 22 del Código Civil para el Distrito Federal; y 2o., 4o., 5o. y 6o. del Reglamento de los artículos 47 y 48 de la Ley de Nacionalidad, interpretados armónicamente en su conjunto sobre el particular, es factible establecer las premisas siguientes: A. Debe considerarse mexicano por naturalización a todo aquel individuo que sea titular de una carta de naturalización vigente en el momento de que se trate; B. Toda carta de naturalización se considera en vigor mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores no declare su anulación o decrete su ineficacia jurídica; C. La declaratoria de anulación relativa a cualquier carta de naturalización, constituye una sanción que debe imponerse a quien incurra en una o más de las causas de pérdida de la nacionalidad mexicana; D. Dicha sanción, por referirse a cuestiones de índole estrictamente personal, puede imponerse únicamente a quien cometa la respectiva conducta de infracción; E. Antes de declarar la nulidad de cualquier carta de naturalización, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe sujetarse a diversas formalidades cuyo conjunto y existencia obedecen a la necesidad de respetar la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional, misma que tratándose del procedimiento relativo a la anulación de cartas de naturalización, debe ser respetada precisamente en favor del titular de la respectiva carta; F. La nacionalidad constituye un atributo inherente a la personalidad jurídica del individuo humano, a la vez que una calidad jurídico política determinante de su vinculación con el Estado atribuyente de aquélla, derivada de su incorporación a la población constitutiva del propio Estado; G. La capacidad de las personas físicas se extingue con la muerte del individuo; y H. Al morir la persona física, junto con su existencia se extinguen los atributos de su personalidad, tales como el domicilio y la nacionalidad. Con base en dichas premisas, cabe concluir que la finalidad y razón de ser de los criterios de incorporación y de separación de toda persona física respecto de la población constitutiva del Estado mexicano, previstos constitucionalmente (artículos 30 y 37, inciso A) constitucionales), precisamente consisten en que ese elemento político del mismo Estado únicamente esté integrado por un universo de individuos cuya vinculación jurídico política con aquél sea la idónea, en razón de conceptos tales como la lealtad, la sumisión, adhesión y obediencia a las leyes y a las autoridades de la República; en esta medida carecería de sentido que las autoridades competentes, en su afán de rigorismo estrictamente legalista y sin justificación aparente, se ocuparan de determinar si tal o cual persona sin existencia física actual forma parte o no de la población, en la inteligencia que este elemento esencial del Estado únicamente puede estar integrado por personas físicas que estén vivas, pues sin ese elemento esencial no habría entidad política, en razón de que es la actividad y la existencia de aquél, lo que da a toda nación. Consecuentemente, no es exacto lo afirmado por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable forzosamente deba reconocer la realización de determinados acontecimientos con la finalidad de declarar si una persona que ha dejado de existir, en determinado momento de su vida quedó separada o sustraída de la población constitutiva del Estado mexicano, pues al morir, toda persona física deja de formar parte de la población de cualquier Estado, ya que con su muerte se extingue cualquier posibilidad de que el individuo se manifieste o produzca conducta alguna que pudiera tener relevancia en el mundo jurídico; con la muerte del individuo se extingue su capacidad jurídica y, por ende, queda extinta también toda posibilidad de que aquél sea sujeto de derechos u obligaciones. En tal virtud, si la pérdida de la nacionalidad mexicana adquirida por naturalización constituye una sanción que debe imponerse al titular de la correspondiente carta de naturalización, una vez que sean observadas las formalidades establecidas al efecto, de ello se sigue que no asiste la razón al quejoso en cuanto pretende que dicha sanción sea aplicada a una persona que ya murió, pues tal como fue expresado por la autoridad responsable en el oficio que da forma al acto reclamado, la nacionalidad constituye uno de los atributos de la personalidad y ésta se extingue con la muerte, así que aun cuando pudiera comprobarse en forma fehaciente que existió la conducta de infracción descrita por el quejoso, tal circunstancia no es razón suficiente para considerar que debe iniciarse el procedimiento encaminado a la constatación de esos hechos para que, con base en ellos, se declare que la señora madre de aquél, durante su vida, perdió la nacionalidad mexicana, pues tal infracción es de carácter estrictamente personal en tanto que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Nacionalidad y Naturalización "La pérdida de la nacionalidad mexicana sólo afecta a la persona que la ha perdido"; por tanto, si ya murió la persona respecto de quien se pretende sea emitida una declaratoria en el sentido de que perdió la nacionalidad mexicana, jurídicamente es imposible aplicarle tal sanción, ante la extinción de su personalidad jurídica y de uno de los atributos esenciales inherentes a ésta, como lo es la nacionalidad; de ahí que, si mediante el acto reclamado se negó al quejoso la iniciación del procedimiento solicitado para el efecto ya indicado, ello no se traduce en una actuación violatoria de garantía individual alguna en perjuicio del mismo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.