DELITO DE VIOLACION A LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 90, FRACCION II EN RELACION CON LOS NUMERALES 91, FRACCION II, Y 92, DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL INSPECTOR DE CAMPO DE UNA INSTITUCION DE CREDITO RESPALDE LA SOLICITUD DE UN PRESTAMO, SIN COMPROBAR LA CERTEZA DE LA INFORMACION DADA POR LOS SOLICITANTES, TAL PROCEDER NO ES CONSTITUTIVO DEL.

El artículo 90, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito establece: "Serán sancionados con prisión de tres meses a tres años y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometer el delito, cuando el monto del quebranto no exceda del equivalente a quinientas veces del referido salario; cuando exceda de dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multas hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo señalado: II.-Los servidores públicos de una institución de crédito que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el préstamo a que se refiere la fracción anterior, produciéndose los resultados que se indican en la misma". Ahora bien, la circunstancia de que el quejoso, prestaba sus servicios como inspector de campo del Banco de Crédito Rural del Istmo, S.N.C., en donde conforme al cargo que desempeñaba, tenía como obligaciones las de verificar los créditos en que se iba a trabajar, enterarse de las condiciones de los mismos, y las superficies, para proceder a su aseguramiento; elaborar croquis ilustrativo de la localización de los inmuebles, identificar personalmente a los asegurados, vigilar el avance de las siembras, aplicación de fertilizantes, supervisar el cultivo de las mismas e informarlo a la compañía aseguradora; y que, por otra, en razón del puesto que ostentaba emitió dictamen favorable a los intereses del grupo solicitante del crédito, con la finalidad de que fuese otorgado, a sabiendas de que éstos no tenían tierras para la siembra, cosa que se constató con las investigaciones que sobre el particular se efectuaron, ocasionándose con ello un quebranto patrimonial en perjuicio de la mencionada institución de crédito; sin embargo, no se desprende dato alguno que justifique que la conducta del quejoso sea constitutiva del delito previsto y penado por el artículo 90, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que se le atribuye, supuesto que no se da uno de los elementos que se requieren para la integración de dicha figura delictuosa, como lo es, que en su carácter de servidor público hubiese concedido el préstamo aludido, que es el núcleo de dicha figura delictiva, en razón de que, como se advierte, dentro de sus facultades no se encuentran comprendidas las antes destacadas por encontrarse ajeno al área que decide el otorgamiento de préstamos, ya que su conducta se circunscribe a respaldar la solicitud de crédito, conociendo la inexactitud de la información dada por los peticionarios, provocando que el banco denunciante aprobara el préstamo respectivo; por tanto, la conducta asumida por el quejoso, pudiera encuadrar en otra figura delictiva, mas no por el delito de violación a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito a que se refiere el artículo 90, fracción II, en relación con los numerales 91, fracción II, y 92, del mismo ordenamiento legal. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.