TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, CUANDO EL, ESTIME QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA VIOLO EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE EL ARTICULO 55, FRACCION I, DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, AL HABER REQUERIDO PRIMERO A ESTE Y POSTERIORMENTE AL CONTADOR PUBLICO QUE FORMULO EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEBE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y NO PARA EFECTOS.

De la lectura de los artículos 55 y 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se desprende con toda claridad que el ejercicio de las facultades de comprobación se inicia cuando la autoridad fiscal competente lleva a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del artículo 55 del propio Reglamento, es decir, en el momento en que la autoridad hacendaria requiere al contribuyente, la información o documentación a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción I, del numeral 55 previo requerimiento de éstos al contador público que haya formulado el dictamen, y cuando no hayan sido proporcionados por éste, o bien, cuando la autoridad fiscal requiera a terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios, la información o documentación que considere necesaria para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen de estados financieros y demás documentos (para este último requerimiento debe considerarse que ya se agotaron previamente los otros dos), es hasta este momento que se considera que inician las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y junto con ellas el inicio del procedimiento de comprobación a que se refiere la fracción IV del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, procedimiento que tendrá como finalidad el comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales. De lo que se infiere que cuando las autoridades fiscales requieran al contador público que haya formulado el dictamen de los estados financieros de la causante, la información y documentos a que se refieren los incisos del a) al d), de la fracción I del artículo 55 del mencionado Reglamento, no se considerará que se han iniciado las facultades de comprobación y en consecuencia tampoco se considerará iniciado el procedimiento respectivo. Por consiguiente, si las autoridades fiscales incurren en el desacatamiento de lo dispuesto en esta fracción I del artículo 55 del Reglamento al Código citado, como acto previo al inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación y por ello mismo, anterior al inicio del procedimiento respectivo, tal conducta constituye una violación a lo dispuesto por la ley, pero fuera del procedimiento, en virtud de que éste aun no se ha iniciado. Ahora bien, tomando en consideración que fue precisamente el incumplimiento de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el que incurrieron las autoridades hoy recurrentes, según fue señalado por la Sala a quo sin que exista agravio en contra de tal determinación, procedemos al estudio de qué clase de nulidad conlleva este tipo de violación, si nulidad lisa y llana o para efectos, dicho de otra manera, en cuál de las causales de nulidad señaladas por el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, encuadra esta conducta contraria a lo dispuesto por la ley. Pues bien, resulta evidente que no se trata de la causa de anulación establecida en la fracción I del citado numeral 238, toda vez que no es el caso que la autoridad que dictó la resolución u ordenó o tramitó el procedimiento sea incompetente. Tampoco se actualizan los supuestos contemplados en la fracción II y III del artículo mencionado, porque como ya dijimos anteriormente, estas dos hipótesis se refieren a la existencia de vicios formales contrarios al principio de legalidad refiriéndose en la primera de ellas a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso, mientras que la segunda contempla vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución. Respecto a este último supuesto, debemos decir que contrariamente a lo señalado por las autoridades recurrentes, la violación en que incurrieron al no acatar lo dispuesto en la fracción I del artículo 55 del Reglamento al Código Fiscal de la Federación, no puede considerarse como un vicio en el procedimiento del cual derivó la resolución combatida, en virtud de que dicho acto (requerimiento en primer término del contador público) es presupuesto previo e indispensable para ejercer sus facultades de comprobación, esto es, iniciar el procedimiento de revisión de la situación fiscal de la empresa contribuyente para poder determinarle crédito a su cargo, constituyendo una violación cometida no en el procedimiento mismo, sino antes de que se iniciara éste, por lo tanto, no puede considerarse que la resolución impugnada en el juicio fiscal deba ser declarada nula por existir un vicio en el procedimiento, toda vez que el vicio de que adolece se dio antes de que existiera procedimiento alguno. Tan es así, que la Sala a quo estimó que también existía violación al artículo 64 del Código Fiscal de la Federación, porque las autoridades demandadas procedieron a determinar crédito a cargo de la actora sin que se hubiese iniciado legalmente el procedimiento de comprobación respectivo, cabe aclarar que tampoco existe agravio en contra de tal determinación. Por consiguiente, la violación cometida por las autoridades recurrentes no constituye un vicio de procedimiento y, por ende, no se actualiza la causal de anulación contenida en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, porque lo cierto es que se actualiza la fracción IV del mismo precepto legal, ocasionando como consecuencia una nulidad lisa y llana. En efecto la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, establece dos causas de anulación de la resolución impugnada, que aunque pueden complementarse, es decir, darse juntas, también pueden darse la una sin la otra, según lo estableció el legislador de manera opcional, esto es, una resolución administrativa será nula si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada (primer supuesto), o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas (segundo supuesto). Es con base en este segundo supuesto, que la resolución impugnada resulta ilegal y por consiguiente, nula por haberse dictado en contravención de las disposiciones legales aplicables, es decir, sin haber acatado la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. De esta manera, debe considerarse actualizada la causa de nulidad contenida en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, debiendo declararse una nulidad lisa y llana, de conformidad con la fracción II del artículo 239 del mismo ordenamiento legal. A mayor abundamiento, debemos decir que una nulidad para efectos puede tener como consecuencia, que se reponga el procedimiento desde el momento en que se cometió la violación, y una vez subsanada ésta se continúe y se vuelva a dictar una nueva resolución, o bien, simplemente que se emita nueva resolución, purgando las violaciones cometidas en ella, consecuencias que en la especie no podrían darse porque la violación cometida por la autoridad fue antes de que existiera o se iniciara el procedimiento de comprobación, por lo que no sería lógico ni jurídico que se repusiera un procedimiento hasta antes de su inicio para que se dictara un acto preparatorio y luego se "volviera a iniciar" (porque legalmente no se inició) para dictar nuevo fallo, además, podría acontecer que al requerir al contador público, éste presentara la información y documentación satisfactoria haciendo innecesarios que se inicien las facultades de comprobación, esto es, que se requiera al contribuyente resultando imposible que se cumpliera con la sentencia que ordenara tal situación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.