EMPLAZAMIENTO A JUICIO. LA ILEGALIDAD DEL MISMO DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO, AUNQUE SEA UNA CUESTION DE ORDEN PUBLICO.

Aun admitiendo que el acto relativo al emplazamiento sea considerado como una cuestión de orden público, tal evento no significa que el juez de Distrito esté obligado a proveer, oficiosamente, de medios de prueba distintos a los propuestos por la parte quejosa, o que ésta quede relevada de probar la ilegalidad del emplazamiento, pues, además de que no existe precepto legal que así lo establezca, el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, previene que corresponde probar al peticionario la inconstitucionalidad del acto reclamado, y si acaso la fracción VI del diverso artículo 76 bis del mismo ordenamiento, autoriza la suplencia de la queja cuando se advierte que ha habido una violación manifiesta de la ley, debe tenerse presente que esa suplencia se refiere exclusivamente a los agravios o conceptos de violación planteados, y no al hecho de adicionar o completar pruebas que interesen al quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.