PODERES OTORGADOS POR UNA PERSONA FISICA A OTRA, EN UN PAIS CON EL CUAL HAY RUPTURA EN LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON MEXICO. DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS QUE REGULAN EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO EN EL DISTRITO FEDERAL PARA QUE PUEDAN SURTIR SUS EFECTOS EN TERRITORIO MEXICANO (ARTICULO 92 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Como regla general las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, regulan el contenido y las formalidades del documento por el cual se acredita la representación de quien promueve a nombre de otro. Entre estos preceptos, caben destacar los artículos 2546, 2547, 2551, fracción I, 2553, 2554 y 2555, fracción I, de los cuales se desprende que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, contrato que se perfecciona mediante la aceptación del mandatario la cual puede ser expresa o en forma tácita. Cuando el mandato es por escrito, entre otras hipótesis, puede otorgarse mediante escritura pública y, en este último caso, si el poder es general para pleitos y cobranzas, los notarios tienen el deber de insertar el contenido del artículo 2554 del ordenamiento mencionado en los testimonios de los poderes otorgados ante su fe. Empero, en tratándose de los poderes que sean conferidos en el extranjero para que puedan surtir sus efectos en nuestro país, precisan del seguimiento de determinadas normas que devienen de la integración del orden internacional. Así, del contenido del artículo 133 constitucional, se desprende que entre las fuentes internacionales del derecho, se encuentran los tratados o convenciones que constituyen instrumentos de carácter internacional, esto es, acuerdos entre sujetos del orden jurídico internacional (principalmente Estados y organismos internacionales) que se han celebrado tomando en cuenta asuntos de derecho internacional y, considerando que en la cuarta etapa en que Latinoamérica ha tenido una amplia tradición convencional en el campo del derecho internacional privado, se encuentra el tratado relativo al régimen de los poderes para ser utilizados en el extranjero, de ahí que México firmara ad referéndum el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, el siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, con efecto retroactivo al quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno. Lo anterior significa que en tratándose de poderes generales para pleitos y cobranzas, en principio, su otorgamiento se rige por las disposiciones contenidas en el Código Civil, empero en el caso que estos poderes sean conferidos en el extranjero, también en principio deben cumplir con los requisitos exigidos en el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen de los Poderes publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres. No obstante, cuando en México no tiene relaciones con un país extranjero y además este último no forma parte del protocolo en cita, las reglas que rigen los poderes generales para pleitos y cobranzas también son diversas. En este último supuesto, habrá de atenderse a las normas que regulan la elaboración del instrumento, así como las atribuciones de quienes intervienen en la protocolización y legalización considerando lo siguiente: El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece, entre otras atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores; "II. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano ... Ejercer funciones notariales ... X. Legalizar las firmas de los documentos que deben producir efectos en el extranjero y de los documentos que deban producirlos en la República Mexicana.". Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano (artículo 1o.) define al servicio exterior mexicano como la organización destinada a salvaguardar los intereses nacionales en el extranjero y a representar a México ante los Estados extranjeros con los que mantiene relaciones, así como ante los organismos y reuniones internacionales en que participe al través de las ramas diplomáticas consulares y administrativas (artículo 6o.); el artículo 47 de esta última ley dispone que a las oficinas consulares les compete, entre otras atribuciones, ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio mexicano, legalizar firmas, etcétera, funciones estas últimas que se encuentran reguladas en detalle, en lo dispuesto entre otras disposiciones, en los artículos 94 a 99 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, de todos estos ordenamientos se advierte que los cónsules son agentes que un Estado establece en las ciudades de otro Estado para ejercer funciones económicas, notariales, registrales, de protección a los ciudadanos que envía y culturales. Sin embargo, cuando un poder para pleitos y cobranzas es conferido sin que haya relaciones con otro país, de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones consulares cuyo texto fue firmado el veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y tres, el ejercicio de las funciones consulares puede ser afectado por terceros Estados. Así, el Estado que envía después de notificarlo a los Estados interesados y salvo que uno de éstos se oponga expresamente a ello, podrá encargar a una oficina consular establecida en un Estado, que asuma el ejercicio de funciones consulares en otros Estados (artículo 7o.) y una oficina consular del Estado que envía podrá, previa la adecuada notificación del Estado receptor y siempre que éste no se oponga, ejercer funciones consulares por cuenta de un tercer Estado, en el Estado receptor (artículo 8o.). Una vez otorgado un poder general para pleitos y cobranzas conferido por una persona física a otra ante la fe del notario autorizado para ello procedente de un país con el cual México no tiene relaciones, pero que en atención a la Convención de Viena sobre relaciones consulares de mil novecientos sesenta y tres, un tercer Estado autorizado al través de su embajada efectúa funciones consulares de legalización de las firmas de quienes intervinieron en el mandato con objeto de que el documento cumpla con los requisitos de legalización correspondientes, (sin que para ello se requiera legalización alguna por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores); con el propósito de que pueda surtir sus efectos en territorio mexicano el instrumento de mérito, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, debe protocolizarse por un fedatario en México, el cual en su caso, ha de hacer la correspondiente transcripción del artículo 2554 del Código Civil. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que el acto jurídico en sí mismo considerado tiene lugar ante la fe del autorizado en el país en el que México no tiene relaciones, empero si la legalización de firma se ejecutó de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones consulares de mil novecientos sesenta y tres, cumplidos tales requisitos, el instrumento ha de pasarse a una acta notarial en la cual el fedatario mexicano hace constar un hecho (la existencia del poder), dándole la forma requerida para que surta efectos con arreglo a la ley mexicana. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.