DESISTIMIENTO EN ESCRITO PRIVADO. DEBE RATIFICARSE O PERFECCIONARSE POR OTROS MEDIOS.

Las autoridades jurisdiccionales civiles tienen la obligación de dar vista a las partes de un proceso, con los ocursos de desistimiento formulados mediante simple escrito firmado, a fin de que la persona a quien se atribuyen los ratifique o desconozca, o las otras partes interesadas alleguen elementos para justificar la autenticidad del documento; obligación que resulta de la interpretación jurídica y lógica del sistema legal imperante al respecto, como se demuestra a continuación: Los actos de desistimiento, sea de acción, de una instancia, de medios de prueba, de un incidente, de un recurso, de la intervención en una diligencia, etcétera, implican indudablemente renuncia de derechos, según se acepta generalmente por la doctrina, para lo cual basta citar, como mera ilustración, a Giuseppe Chiovenda, Hugo Alsina y Hernando Devis Echandia. La renuncia de derechos, según lo dispuesto en el artículo 7o. del Código Civil para el Distrito Federal, debe hacerse en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia, para que pueda producir efectos. Para la satisfacción de estos requisitos, se torna indispensable que la renuncia conste en un medio indubitable y fehaciente, ya que sólo así se conseguirá la claridad y precisión de sus términos y la ausencia de dudas sobre el derecho renunciado. Los documentos privados son medios de prueba imperfectos, que para acreditar plenamente los hechos consignados en ellos, requieren estar adminiculados con otros elementos que, al perfeccionar la probanza, acrediten plenamente su autenticidad, y por tanto, la concordancia total de la voluntad de los suscriptores con el contenido del instrumento. Las promociones escritas son documentos privados, cuando provienen de personas particulares, y por tanto, están sujetas a las reglas de éstos en lo general, en cuanto a su valor probatorio. Sin embargo, la naturaleza de los procedimientos judiciales, la finalidad perseguida con ellos, el sentido lógico de las cosas, y el resultado de la experiencia, han llevado a que se dé un tratamiento específico propio a las promociones escritas, consistente en reconocerles autenticidad mientras no se aduzca y demuestre lo contrario en una incidencia. Este trato especial obedece a la concurrencia de las razones lógicas siguientes: a) La presunción general de buena fe de que gozan los actos jurídicos; b) La máxima de experiencia, de que ordinariamente las promociones pertenecen a quien figura como suscriptor, y lo extraordinario es que no exista esa pertenencia; y c) lo común lógicamente es que las promociones sean acordes con la posición del suscriptor en el procedimiento, es decir, que lo pedido o manifestado en el escrito tienda a contribuir a la consecución de las pretensiones de quien figura como ocursante, porque no es común ni parece lógico que las personas actúen contra su interés. Cuando no se da la concurrencia de esas tres bases lógicas, sustentatorias del reconocimiento de autenticidad a las promociones, estas se mantienen regidas por las reglas para la valoración de su género, que son los documentos privados; esto es, constituyen meros indicios que requieren su fortalecimiento con otros elementos, entre los cuales destacan, por más sencillos y contundentes, el reconocimiento del autor mediante la ratificación, tácita o expresa, ante la autoridad judicial, en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles, o bien, ante algún fedatario público, sin que esto impida que se puedan presentar otros medios para cumplir ese mismo fin. En el desistimiento hecho en la forma indicada no concurren los citados elementos lógicos, pues falta la concordancia entre la posición asumida por la parte y el contenido de la promoción, ya que ésta se opone a aquélla, por lo cual no se le puede reconocer autenticidad y valor pleno con su sola presentación, sino que requiere la satisfacción de los requisitos mencionados para los documentos privados. Para que las partes queden en posibilidad de satisfacer los indicados requisitos, el desistente de ratificar o desconocer el documento y las otras partes interesadas de aportar lo conducente para esclarecer la autenticidad del escrito, resulta indispensable como medio, que el juzgador les dé vista con el escrito y les confiera el plazo que corresponda para los objetivos indicados, pues si no se hace así, el desistimiento sólo sería válido cuando se asentara directamente o se ratificara ante un fedatario público, con lo que se establecería un requisito en contravención al artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles citado, el cual sólo prevé como formalidades para los ocursos, que se escriban en castellano, y que las fechas y cantidades se anoten con letra. No obsta para lo anterior, la falta de preceptos legales expresos, en el sentido indicado, porque los procedimientos civiles no sólo se rigen por disposiciones de ese tipo, sino también por el conjunto de principios jurídicos y lógicos que sean acordes al sistema adoptado por el legislador sin entrar en oposición con los directamente aceptados, sobre todo cuando se trata de integrar o interpretar la ley como se hizo en el caso. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.