RECLAMACION, RECURSO DE, PROCEDENCIA DEL, EN CONTRA DEL AUTO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. (INTERPRETACION DEL ARTICULO 242 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).

En apariencia el artículo 242 del vigente Código Fiscal de la Federación no requiere interpretación alguna; pero ello no es así: El artículo 208 del citado Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en su texto original únicamente establecía los requisitos que debería contener la demanda en los juicios que se promovieran ante el Tribunal Fiscal de la Federación. El último párrafo del artículo 209 del mismo Código, también en su texto original, disponía: "Cuando no se adjunten a la demanda los documentos a que se refieren las fracciones V a VII de este artículo, se tendrán por no ofrecidas las pruebas respectivas. En los demás casos el magistrado instructor requerirá mediante notificación personal al demandante para que presente las copias o documentos de que se trate en el plazo de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda". A su vez el artículo 242 del Código de referencia, en su redacción inicial, preceptuaba: "El recurso de reclamación procederá ante la Sala regional, en contra de las resoluciones del magistrado instructor que desechen la demanda, ...". Como se observa, el texto primario del Código de que se habla contenía una aparente inconsistencia: establecer una sanción en el último párrafo de su artículo 209 de tener "por no presentada la demanda" en los supuestos ahí precisados, y establecer en el artículo 242 el recurso de reclamación utilizando la frase "en contra de las resoluciones del magistrado instructor que desechen la demanda ...". (El subrayado es de este tribunal). El mismo artículo 208, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se adicionó en un último párrafo que dice: "Cuando no se haga alguno de los señalamientos anteriores, el magistrado instructor requerirá mediante notificación personal al demandante para que en el plazo de cinco días proporcione los datos omitidos, apercibiéndole que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda. "Como se observa, en el texto original de esta adición se estableció la sanción de tener "por no presentada la demanda". Y como el artículo 209 seguía estableciendo otra sanción también de tener "por no presentada la demanda", ya existían dos aparentes contradicciones, pues en el mismo decreto se reformó el artículo 242 previendo que la reclamación procedía, entre otros casos, contra los acuerdos del magistrado instructor que "desechen la demanda". En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, se reformaron los artículos 208 y 209, utilizando la frase para los supuestos en cuestión de "se tendrá por no presentada la demanda". Subsistía, pues, la aparente incongruencia. En el decreto publicado en el diverso Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, aparece derogado el último párrafo del artículo 209, sin modificarse en tal decreto el artículo 242 relativo a la reclamación. En el decreto publicado en el distinto Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se volvió a reformar el último párrafo del artículo 208, pero se dejó como sanción para el caso de que se omitieran los datos previstos en las fracciones II, III y VII, y no se proporcionaran en el plazo de cinco días, el de tener "por no presentada la demanda". En este mismo decreto igualmente se reformó el artículo 242, y siguió establecido como uno de los casos en que procedía el recurso de reclamación, contra las resoluciones del magistrado instructor "que desechen la demanda". Finalmente, en el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se volvieron a reformar los artículos 208 y 209 en cuestión, y aquí sí hubo una variante, pues en el primer caso ya se estableció la sanción de que "el magistrado instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta". En el segundo supuesto se estableció como tener "por no presentada la demanda". Empero, no hubo modificaciones al artículo 242. Según se observa, el legislador federal no ha sido unánime en la redacción de las sanciones que ha establecido para los supuestos que prevén los párrafos finales de los artículos 208 y 209 en cuestión, si se omiten ciertos requisitos de la demanda o no se acompañan ciertas constancias. Inclusive en cuanto a los primeros, originalmente no se estableció sanción alguna; después se estableció la sanción en algunos casos previo requerimiento de que se proporcionaran los datos omitidos, y finalmente, en el decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se establecieron sendas sanciones, sin requerimiento, para los casos de que se omitieran ciertos requisitos de la demanda o no se adjuntaran a la propia demanda determinados documentos. De la evolución de los preceptos legales en comentario no puede desprenderse, válidamente, un criterio diferencial para la procedencia del recurso de reclamación, sino que más bien se deduce que el legislador federal equipara tener por no presentada una demanda a desecharla. En apoyo a lo anterior precisa citar la exposición de motivos de la iniciativa del citado decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Tal exposición de motivos, en lo conducente, estableció: es propósito principal de la iniciativa dar realización efectiva, en el ámbito de lo fiscal a los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento"; que "en lo que concierne a los tribunales ... La simplificación de los procedimientos es necesaria para hacer la justicia más asequible a las personas, y las resoluciones de los propios tribunales tienen que darse en forma completa, imparcial y pronta, para asegurar que se imparta cabalmente"; que "la iniciativa plantea ... la reducción de instancias procesales; la mejoría de los procedimientos; y finalmente, la adecuación necesaria en la estructura orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación"; que "el sistema actual se caracteriza por la diversidad de defensas que establece para las partes y la posibilidad legal de que mediante el reenvío se repita excesivamente la sustanciación de procedimientos y la emisión de resoluciones, lo que produce, además, un exceso de instancias procesales susceptibles de alcanzar hasta siete instancias diferentes ..."; que "estas características causan inequidades y dilaciones a las partes, primordialmente a los particulares, por las inseguridades que generan y la carga que implica el litigio prolongado. El retraso lesiona también el interés fiscal". La iniciativa que se acaba de transcribir cobra particular importancia porque propuso suprimir el recurso de reclamación en los casos de autos admisorios, planteando que "si hubiera habido alguna violación la misma pudiera ser corregida al dictar sentencia". En cambio, no mencionó en absoluto sobre distinguir entre un acuerdo que desecha la demanda y otro que la tiene por no presentada, estableciendo las razones de porqué en esta última hipótesis no procedía el recurso, pues respecto a los autos admisorios no se privó a la parte afectada de la oportunidad de defensa en el mismo procedimiento contencioso administrativo, sino tan sólo se reservó su decisión para la sentencia. Como se ve, la diversidad de criterios en cuanto a las hipótesis de desechar una demanda de nulidad o tenerla por no presentada, constituiría una trampa procesal para el justiciable, pues la seguridad jurídica dependería de la precisión con que se comprendieran los conceptos teóricos, yendo contra la simplificación que propuso la transcrita iniciativa de reformas, simplificación que tenía la finalidad de hacer más asequible a las personas una justicia completa, imparcial y pronta, evitando reenvíos y, por consecuencia, pluralidad de instancias; de manera que no resulta lógico que para reparar una violación contra un auto de un magistrado instructor que desecha la demanda, proceda el recurso ante el propio tribunal, y que para combatir el auto que tiene por no presentada la demanda se deba ocurrir al amparo, con la consiguiente discusión de si debe hacerlo en la vía directa o en la indirecta, y si se decidiera que fuera la primera vía, conforme al último criterio de la Suprema Corte, la autoridad responsable no fuera propiamente un tribunal administrativo, sino un magistrado instructor, aunque desde luego del propio tribunal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.