COMPETENCIA. RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SOLO PUEDEN DARSE DESPUES DE ADMITIDA LA DEMANDA.

Conforme al actual texto de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 158 de la Ley Reglamentaria del Amparo, y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a los Tribunales Colegiados conocer de los amparos que se promuevan "Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma". Tocante a la segunda categoría, el artículo 46, tercer párrafo, de la aludida ley que reglamenta el juicio constitucional, precisa que tales resoluciones son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En la exposición de motivos de la iniciativa del Decreto de reformas y adiciones, entre otros, del artículo 107, fracción III, inciso a), y fracción V, primer párrafo, e inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se expresó: "... se propone la reforma del inciso a) de la fracción III del artículo 107 para que el amparo proceda contra sentencias definitivas o laudos, como se encuentra en el precepto vigente, pero además respecto de resoluciones que pongan fin a los juicios que se ventilen ante tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, pues la experiencia forense ha demostrado que existen resoluciones que ponen fin al juicio sin que constituyan sentencias definitivas o laudos; resulta contrario a la economía procesal que si la resolución pone fin al juicio, se deba recurrir a un amparo indirecto, cuando para efectos del amparo dichas resoluciones tienen la misma entidad que las sentencias definitivas o laudos. Se propone la reforma del primer párrafo de la fracción V, y de su inciso b) así como una adición de un párrafo final a la propia fracción V, pues esta fracción se refiere al amparo directo contra sentencias definitivas o laudos, a efecto de incluir las resoluciones que pongan fin al juicio, por las razones ya invocadas; y para que de dichos amparos conozcan los Tribunales Colegiados de Circuito, por involucrar normalmente problemas de legalidad. De acuerdo al primer párrafo de la fracción IX del propio artículo 107, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito son recurribles ante la Suprema Corte de Justicia si deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecen la interpretación directa de un precepto de la Constitución ...". En el dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, que fue la de origen se consideró: "... se incluyen también en la iniciativa reformas y adiciones al artículo 107 de nuestra Constitución, que consisten en lo siguiente: 1o.- Se reforman el inciso a) de la fracción III y la fracción V en su primer párrafo y en su inciso b), para hacer procedente el amparo contra cualquier resolución que ponga fin al juicio, sea o no una sentencia definitiva o un laudo. Esta modificación aparece como correcta, dado que existen resoluciones jurisdiccionales que, sin tener el carácter de sentencias o laudos, resuelven en definitiva la controversia y ponen fin al proceso. La manera de combatir estas resoluciones ha sido la de acudir al amparo indirecto. La iniciativa señala que en atención a la economía procesal y dado que las mencionadas resoluciones tienen efectos equivalentes a las sentencias definitivas o a los laudos, debe proceder contra ellas el amparo directo, lo cual parece pertinente a estas comisiones ...". En el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se expresó: "... y por último por lo que respecta a la reforma al artículo 107 en la fracción III y en la fracción V, se adiciona el término (resoluciones que pongan fin al juicio). Con esta reforma se introduce un nuevo caso de procedencia del juicio de amparo directo, ya que hasta la fecha éste sólo procedía contra sentencias definitivas o laudos definitivos, pero no contra resoluciones definitivas, por lo que actualmente para hablar de amparo directo es necesario que previamente haya una sentencia o un laudo definitivos, sin embargo, en muchas ocasiones en los juicios que se siguen ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se dictan resoluciones que tienen el mismo efecto de una sentencia definitiva, es decir, resuelven el juicio sin posibilidad posterior de remedio alguno. Con las reformas se quiere que resoluciones de una misma naturaleza cuenten con el mismo procedimiento de defensa y con eso hacer menos técnico el juicio de amparo, en beneficio de quienes acuden a interponer sus demandas de amparo ante los tribunales de la Federación". Como se observa, en la iniciativa de que se trata, se explicó que la reforma constitucional propuesta, en la parte que aquí interesa, obedecía a que la experiencia forense ha demostrado que existen resoluciones que ponen fin a los juicios que se ventilan ante los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, sin que constituyan sentencias definitivas o laudos, y que resulta contrario a la economía procesal que si la resolución pone fin al juicio, se deba recurrir al amparo indirecto, cuando para efectos del amparo dichas resoluciones tienen la misma entidad que las sentencias definitivas o laudos. Esto es, se reiteró el concepto "juicio" y se dio como razón la economía procesal para combatir resoluciones que se consideran de la misma entidad. En el dictamen de las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores ya se habló de las resoluciones jurisdiccionales que, sin tener el carácter de sentencias o laudos, resuelven en definitiva la controversia y ponen fin al proceso, y se convino con las razones de economía procesal por los efectos equivalentes de las resoluciones mencionadas. En el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se dijo que con la reforma propuesta se quería que resoluciones de una misma naturaleza cuenten con el mismo procedimiento de defensa y con eso hacer menos técnico el juicio de amparo, en beneficio de quienes acuden a interponer sus demandas de garantías ante los tribunales de la federación, sin hacer mayor consideración sobre este último aspecto. Por todo lo anterior, para determinar si el acto reclamado es o no una resolución que pone fin al juicio, sin ser una sentencia definitiva o un laudo, es ineludible referirse al concepto "juicio". Sin embargo, este concepto se encuentra estrictamente vinculado, desde el punto de vista teórico, con otros conceptos jurídicos: procedimiento, proceso, controversia (estos dos mencionados en el dictamen de las comisiones de la Cámara de origen), litigio, conflicto de interés, litis contestatio, relación jurídica procesal ... y todos ellos han sido definidos de diferentes maneras por los distintos procesalistas, según las diversas corrientes del pensamiento jurídico y escuelas, y en función de la etapa histórica a que se refieren. Inclusive se ha discutido si los tradicionales conceptos procesales deben aplicarse al derecho procesal administrativo. Los legisladores mexicanos tampoco han sido unánimes en los sistemas de codificación. Concretamente en lo que atañe al juicio contencioso administrativo que prevé el Código Fiscal de la Federación, según lo dispuesto por el artículo 197 del mismo Código, resulta aplicable en la materia que aquí se trata, el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Este último artículo, en su contenido integral, precisa que el juicio o litigio se inicia con la admisión de la demanda, de donde se concluye que específicamente en el contencioso administrativo en materia federal, una resolución que ponga fin al juicio, sin decidirlo en lo principal, sólo podrá darse después de admitida la demanda y, por exclusión, que una resolución que confirma el desechamiento de la demanda o la decisión de tenerla por no interpuesta, o bien una resolución que desecha el recurso de reclamación interpuesto contra un auto que, a su vez desechó la demanda o la tuvo por no interpuesta, son resoluciones dictadas fuera de juicio y, por ende, cuando se reclaman en un juicio de garantías, es de la competencia de los juzgados de Distrito, conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria del Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.