AUTORIZADOS PARA OIR NOTIFICACIONES EN JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS DE EFICACIA QUE EXIGE EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, PARA SU RECONOCIMIENTO EN EL PROCESO.

De conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al agraviado y al tercero perjudicado para nombrar autorizados en juicio, es un acto personal y voluntario de tales sujetos procesales, pero para que dicha autorización surta legalmente sus efectos es necesario que el órgano de la causa otorgue su reconocimiento, el cual operará cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el autorizado sea nombrado. el nombramiento del autorizado en juicio es aquella condición por virtud de la cual ha de surtir sus efectos el acuerdo de voluntades verificado entre el sujeto procesal y el profesionista que ha de quedar facultado para, en su nombre y por su cuenta, llevar a cabo todos aquellos actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, es decir, es precisamente ese nombramiento o autorización lo que da plena eficacia al acto volitivo previo celebrado para tal fin, haciéndose del conocimiento del órgano de la causa, la voluntad de un sujeto procesal respecto de quién o quiénes han de quedar autorizados, en su nombre, para llevar a cabo la defensa de sus intereses en juicio. b) Que tal nombramiento recaiga en una persona con capacidad legal. La capacidad legal es la posibilidad fáctica o aptitud de un individuo de participar, directamente, en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Este requisito, como atributo de la personalidad que es, se presume cumplido, por lo que no hay que demostrar en juicio que se posee. Sin embargo, su ausencia puede ser materia de impugnación por cualquiera de las restantes partes que concurren en el proceso. Por último, en las materias civil, mercantil, o administrativa, además: c) Que la persona quien ha de recibir la autorización en juicio, se encuentre legalmente facultada para ejercer la profesión de abogado. Este requisito se ha de cumplir, precisamente en la forma que al efecto se prevé en el texto del artículo en análisis, es decir, proporcionando los datos necesarios para su acreditamiento en el escrito en que ha sido otorgada la autorización procesal. Con base en esta enumeración de requisitos, surgen dos hipótesis generales: 1. Cuando se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo 27 de la Ley de Amparo; y 2. Cuando dichos requisitos no han sido observados cabalmente. De la primera hipótesis se derivan tres distintas subhipótesis: a) Cuando, cumplidos los requisitos exigidos por el numeral citado, estos son reconocidos así por el juzgador y, en consecuencia, acuerda de conformidad la petición formulada. En este caso, el autorizado se encuentra expresamente legitimado en juicio y puede llevar a cabo, desde luego, todos aquellos actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos del autorizante. b) Cuando, cumplidos los requisitos exigidos por el mismo numeral, el juez de amparo no provee nada al respecto. En este caso, la autorización surte sus efectos como tal, toda vez que el juzgador tiene la obligación de pronunciarse positiva o negativamente, respecto de todas las promociones que sean presentadas a su consideración y, si en el acuerdo respectivo omite resolver sobre lo solicitado por el promovente en el sentido de que se tenga por autorizado de su parte al abogado precisado, no habiéndosele desechado expresamente esa autorización, es claro que ha operado sobre tal solicitud, un reconocimiento tácito por el órgano de la causa; y c) Cuando, cumplidos los requisitos exigidos por la Ley de Amparo, el juzgador expresamente niega tener por reconocido el carácter de autorizados en juicio a los profesionistas que se le han propuesto. En esta última subhipótesis, quedará la opción para el quejoso o el tercero perjudicado, de hacer valer la defensa que, para el caso, estimen pertinentes. Ahora bien, por cuanto corresponde a la segunda hipótesis general, es decir, en el caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos a que alude el artículo 27 de la Ley de Amparo, las reglas que ha de observar el juez constitucional, son las siguientes: a) Faltando el nombramiento del autorizado en juicio, obviamente el órgano juzgador no reconocerá con tal calidad a sujeto alguno que se ostente con dicho carácter en el proceso. b) De acuerdo con el propio texto legal, por lo que corresponde a las materias civil, mercantil o administrativa, es en el escrito en el que se otorgue la autorización en juicio, en el que deberán proporcionarse los datos necesarios para acreditar que el autorizado se encuentra legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado. Si esto no se realiza, es decir, no obstante que habiéndose señalado por el quejoso o el tercero perjudicado los nombres de las personas que, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, habrán de actuar como autorizados de su parte en juicio, pero sin haberse cumplido el requisito de proporcionar los datos necesarios para acreditar que los interesados se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, será menester que el órgano del conocimiento requiera, en su proveído inmediato, se de cumplimiento al requisito omitido, esto es, se aporten en juicio los datos ausentes para así encontrarse en las posibilidades idóneas de acordar lo conducente. c) Si el juez de amparo, no obstante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en la ley, no hace particular referencia o requerimiento alguno a la parte que propone autorizados, ello no significa que ha operado un reconocimiento tácito de lo pedido, sino que tal propuesta no ha sido satisfecha por omisión, quedando entonces el agraviado o el tercero perjudicado en la posibilidad de volver a solicitar el reconocimiento pedido, o en su caso, si se llegase a hacer uso de la facultad que confiere el artículo analizado por parte del autorizado (aún no reconocido con tal carácter), el órgano juzgador habrá de requerir entonces se de el cumplimiento debido a los requisitos que para la especie exige la Ley de Amparo, sujetando a dicha condición la admisión de la promoción. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.