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📜 Doctrina histórica — 7a. ÉpocaEsta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación antes de la época contemporánea. Se reproduce tal como aparece en la fuente oficial. Verifica su vigencia como precedente contra el corpus reciente.

JurisprudenciaHistórica7a. ÉpocaS.C.J.N.

Registro digital (IUS): 232444
Tipo: Jurisprudencia
Época: 7a. Época
Instancia: S.C.J.N.
Fuente: [J]; 7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 163-168, Primera Parte; Pág. 171

FICHAS SIGNALETICAS, FORMACION DE. IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS.

[J]; 7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 163-168, Primera Parte; Pág. 171

Es un error considerar como pena la identificación, es decir, la elaboración de la ficha dactiloscópica correspondiente, siendo que la naturaleza de esas medidas es completamente diferente y entre ellas existen diferencias sustanciales. En efecto, en materia penal, por pena se considera, en términos generales, la sanción económica o privativa de libertad, publicación del fallo y otras que enumeran las leyes represivas, que el órgano jurisdiccional competente impone a un individuo atendiendo a conductas activas u omisivas, previstas en la ley aplicable. En cambio, la identificación del procesado no es una pena porque no se decreta en la sentencia y es una simple medida administrativa, constituye una reglamentación judicial y policiaca, necesaria en esas órdenes para identificación y antecedentes del procesado; es decir, constituye una medida cuya ejecución aporta al Juez del proceso, y de futuros procesos, más elementos de juicio para individualizar la pena que deba imponerse al que cometió uno o varios delitos. Desde otro punto de vista, la identificación del procesado tampoco constituye una pena, porque éstas se imponen hasta la sentencia, mientras que la identificación del procesado, por imperativo del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, debe realizarse apenas dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso. En tales condiciones, como la identificación del procesado no es una pena, deben considerarse infundadas las argumentaciones en el sentido de que se trata de una pena infamante y trascendental, porque, no teniendo el carácter de pena, de acuerdo con lo antes expuesto, menos puede tratarse de una pena infamante y trascendente, de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal.

Precedentes

Séptima Epoca, Primera Parte: Volumen 86, página 29. Amparo en revisión 2359/66. Otto Spencer López. 23 de febrero de 1976. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Volúmenes 121-126, página 67. Amparo en revisión 560/78. Hermilo Tamez Chávez. 2 de mayo de 1979. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volúmenes 127-132, página 73. Amparo en revisión 4653/78. Mario Escobar Escobar y otra. 17 de julio de 1979. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Volúmenes 127-132, página 73. Amparo en revisión 2541/77. Dora Orduño Zamudio de Torres. 4 de diciembre de 1979. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Volúmenes 163-168, página 63. Amparo en revisión 187/82. Bulmaro Wilfrido Silva Meléndez. 10 de agosto de 1982. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Gloria León Orantes. Secretario: José Francisco Hernández Fonseca. Nota: Por un error en el manejo de las fichas, en el Volumen 127-132, Primera Parte, página 267, se publicó esta tesis como de jurisprudencia incluyendo la de la ejecutoria 4890/77, que se refiere al Código de Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado de Chihuahua, por lo que ahora se publica correctamente. En el tomo III, Mayo de 1996, página 309, con la siguiente nota: "Esta tesis de jurisprudencia fue publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, página 91. Se publica nuevamente para una mejor comprensión del voto particular de los Ministros Silva Meza y Góngora Pimentel, quienes en sesión pública de fecha 21 de agosto de 1995, decidieron formular voto particular en el amparo en revisión número 605/94, promovido por Andrés Martínez Olguín, cuya litis es similar a la de aquellos que dieron lugar a la jurisprudencia transcrita." En el tomo IV, Noviembre de 1996, con la siguiente nota: "Se publica nuevamente para una mejor comprensión del voto minoritario formulado por los Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza, quienes en sesión pública de fecha 26 de marzo de 1996, decidieron formular voto de minoría en el amparo en revisión 503/95, promovido por León Antonio Salinas Montoya, cuya litis es similar a la de aquellos asuntos que dieron lugar a la jurisprudencia transcrita.".