REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISION RELATIVO NO CORRESPONDE AL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, SINO A LA SALA RESPECTIVA DE LA PROPIA CORTE.

De lo expuesto en la exposición de motivos del decreto publicado el 31 de diciembre de 1957, que reformó los preceptos 90, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como el texto de la fracción XII, del artículo 11 reformado de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende claramente que la competencia del Pleno se limita a los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo en los cuales se controvierte la constitucionalidad de una ley, tomando este término en su doble aspecto, material y formal, es decir, como ordenamiento de carácter general y abstracto, y como procedente del órgano legislativo, y esta delimitación tiene su fundamento en la acepción que otorga a la palabra "ley" la Constitución en relación con el amparo contra leyes. En efecto, el artículo 103 de la Constitución habla de la procedencia del juicio contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o por actos o leyes de las autoridades de éstos, que invadan las esferas de la autoridad federal. El acierto del Constituyente de 1856, el autor de este artículo, que reiteró en términos exactos el Constituyente de 1916, consistió, en este punto, a través de una aparente reiteración o énfasis, en abrigar bajo la fórmula de Otero, no sólo los actos de autoridad distintos a las leyes, sino que incluyó las leyes, emanación de la representación popular, bajo el control del amparo. Estos principios, que pertenecen a la Ley Fundamental del país, son los mismos que acoge la reforma que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, a las Leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por consecuencia cuando en el juicio de amparo en el cual se interpone el recurso de revisión relativo, se controvierte la constitucionalidad de un reglamento expedido por el presidente de la República, aun cuando en su elemento material dicho ordenamiento tiene características de ley, sin embargo no lo es por carecer del elemento formal que concurre en toda ley, consistente en haber sido expedida por un órgano; y por tanto, la ausencia de ese requisito formal priva al reglamento de la calidad de la ley, en sentido estricto, lo que si las reformas mencionadas otorgan competencia al Pleno de la Suprema Corte para conocer únicamente de los casos de inconstitucionalidad de leyes, debe concluirse que cuando se plantea la inconstitucionalidad de un reglamento, dicho negocio no es de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, sino de la Sala de la materia respectiva.