INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES, DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 153 BIS 1 DE LA LEY DE. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El artículo 153 bis 1, de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en su texto anterior a su reforma de 29 de diciembre de 1970, establece: "Los funcionarios y los empleados de las instituciones de crédito que omitan registrar en los términos del primer párrafo del artículo 94 de esta ley, las operaciones realizadas por la institución de que se trate y de dicha omisión resultare la variación del activo o pasivo, o de ambos, serán sancionados con las penas que señala el artículo que antecede. En los casos previstos de este artículo y en el anterior, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria. El artículo 94 del propio ordenamiento bancario, dispone: "Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de una institución de crédito u organización auxiliar, o implique obligación inmediata o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad. La contabilidad podrá llevarse, sin perjuicio de su valor probatorio legal, en auxiliares encuadernados o en hojas sueltas y se regirá por lo que disponga el reglamento que dictará al efecto la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria determinará por medio de resoluciones de carácter general, cuáles son los libros o documentos que por integrar la contabilidad de las instituciones de crédito u organizaciones auxiliares deben ser conservados; cuales pueden ser destruidos previa microfilmación que de los mismos hagan dichas instituciones en los rollos autorizados por la propia Comisión Nacional Bancaria; y cuáles pueden ser destruidos sin necesidad de microfilmación. También fijará los plazos de conservación de los mencionados libros y documentos, una vez que dichas instituciones haya sido liquidadas. Los libros y documentos de las instituciones liquidadas se pondrán a disposición de la Comisión Nacional Bancaria, proveyéndola de los medios necesarios para su conservación y destrucción una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior". El artículo 153 bis de la ley en cita, en su texto también anterior a la reforma de la misma fecha, expresa que: "serán sancionados con prisión de uno a nueve años quienes ..." Ahora bien, los requisitos de procedibilidad que se exigen, consisten en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de escuchar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, haya hecho una petición para que se proceda ante el órgano facultado para proceder penalmente, esto es, el Ministerio Público Federal. En tales condiciones, si se alega que el Procurador Fiscal de la Federación no tiene la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer tal petición y que la misma sólo la pueden hacer los mas elevados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme lo dispone la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, esa afirmación carece de consistencia, ya que independientemente de la distribución de atribuciones que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado hace entre los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para determinar la competencia administrativa de cada uno de ellos en los asuntos que competen a la misma y la capacidad para presentarla, la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal de la Federación en su artículo 4o., fracción VII, establece que dicha procuraduría es competente: "En general, para comparecer ante todos los tribunales de la República o autoridades de la misma, en defensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que la representación de dicha Secretaría no corresponda al Ministerio Público Federal". Así pues, de acuerdo con las disposiciones anteriores, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante todas las autoridades o tribunales de la República en defensa de esa Secretaría, y como en el caso, para hacer la petición de que se viene tratando no está facultado el Ministerio Público para representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que ésta debe hacer su petición ante dicha autoridad, es evidente que la Procuraduría Fiscal de la Federación es la competente para hacer la repetida petición, representando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.