DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES A UN MANDATO LEGITIMO DE AUTORIDAD.

Esta Sala ha sostenido que "el delito de resistencia al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal", tutela la fase ejecutiva de un mandamiento proveniente de autoridad formalmente válido. Lo que la ley pune es la resistencia a la material ejecución del mandamiento, sin que sea lícito al particular oponerse al mismo so pretexto de su ilegalidad intrínseca. Si pudiera el gobernado desobedecer una orden de la autoridad cuando estuviera convencido de la falta de validez intrínseca, se rompería el principio de autoridad y se convertiría el particular en Juez de legalidad de las acciones de los órganos del Estado: cada uno de los gobernados tendría prácticamente una facultad de veto sobre los órganos de la autoridad, lo que independientemente de los resultados prácticos negativos para la convivencia social, resulta jurídicamente inadmisible. La ley establece una serie de formas -y entre ellas la suprema es el juicio de garantías-, para atacar la validez de los actos de autoridad, pero nunca el gobernado podrá ser al mismo tiempo, destinatario y Juez de un mandamiento". Las ideas transcritas, externadas por esta Sala en relación con el delito de resistencia, son también aplicables al delito de desobediencia, y debe entenderse que cuando la ley en su artículo 178 alude a un mandato legítimo de la autoridad, la legitimidad en cuestión se refiere a cuestiones formales y no a la validez intrínseca de dicho mandato.