AGRARIO. COMISIONES AGRARIAS MIXTAS. ESTAN FACULTADAS PARA ORDENAR LA EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES QUE DICTAN EN LAS CONTROVERSIAS SOBRE BIENES Y DERECHOS AGRARIOS QUE LES SON PLANTEADAS.

La Comisión Agraria Mixta, está facultada para ordenar la ejecución de las resoluciones que, con fundamento en el artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Reforma Agraria, emite para definir las controversias sobre bienes y derechos agrarios que le son planteadas. Del examen del texto legal citado se advierte que se conceden a dicho órgano administrativo facultades para "resolver" este tipo de controversias. Ahora bien, se entiende por resolver: tomar determinación fija y decisiva, hallar la solución de un problema; por lo que es claro que la autoridad que esté investida, lisa y llanamente, con facultades para la resolución de controversias, podrá emitir, asimismo, las órdenes necesarias para ejecutar o llevar a cabo dicha resolución, salvo disposición legal expresa en contrario. El artículo 12, fracción IV, de la ley citada no limita ni condiciona las facultades de resolución que le confiere la Comisión Agraria Mixta; por otra parte, del análisis de lo previsto en el capítulo IV del título V de la Ley Federal de Reforma Agraria se advierte que uno de los procedimientos a través de los cuales se puede llegar a definir controversias sobre bienes y derechos agrarios es el de nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias, y que, en términos del artículo 411, es a la comisión agraria mixta a la que compete resolver dicho procedimiento; en consecuencia, si se interpreta en forma armónica el artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de la Reforma Agraria con el 411 del propio ordenamiento, se debe llegar a la conclusión de que cuando la Comisión Agraria Mixta, en uso de sus facultades, anule un acto en virtud del cual se hubiere privado de sus bienes agrarios a un núcleo de población, el efecto lógico de esa nulidad deberá ser la restitución o devolución de dicho bien en beneficio del poblado respectivo. De no estimarlo así, se llegaría al absurdo de concluir que este tipo de resoluciones, al carecer de ejecución, no le servirían al poblado denunciante para obtener el fin jurídico que persiguió al intentar la acción de nulidad.