AGRARIO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.

Si una sociedad anónima que se dice dedicada a la industria petrolera reconoce que no cuenta con certificado de inafectabilidad, ni su título de propiedad proviene del presidente de la República; y, por último, que tampoco se encuentra en la hipótesis prevista por el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se debe concluir que para ella rige la regla general de improcedencia del juicio de garantías que estatuye el artículo 27, fracción XIV, de la Constitución Federal. No obsta a lo anterior la alegación de que la Constitución Federal autoriza a las sociedades anónimas que se constituyan para explotar cualquier industria petrolera para adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados; que dichas sociedades obtengan autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su constitución; que una de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional establezca que la industria petrolera es de interés público y que tiene prioridad sobre cualquier aprovechamiento de la superficie del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de ejidos o comunidades y que la superficie afectada constituya "todo un complejo petroquímico importantísimo para la nación", toda vez que esas circunstancias no logran constituir un caso más de excepción que dé legitimación activa para ocurrir al juicio de amparo a reclamar la afectación agraria.