REGLAMENTOS FEDERALES. COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA.

Para surtirse la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tocante a la constitucionalidad de reglamentos federales, deben darse dos supuestos: 1o., el formal, o sea, que se expidan por el presidente de la República, con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política; y 2o., el elemento material, consistente en que contengan normas generales y abstractas. Ahora bien, es necesario precisar previamente que no todos los decretos que expide el presidente de la República con apoyo en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política Mexicana constituyen reglamentos federales de los previstos en la Carta Magna y en las leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial Federal, como condicionantes de la competencia para conocer de la revisión por parte de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, el artículo 89, fracción I, de la Constitución confiere al Ejecutivo tres facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar dichas leyes; y, c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. Es esta última facultad la que determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que parece común a los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, sepáranse por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para ejercer una facultad que está en el acervo constitucional del Ejecutivo: aplicar la ley a los casos concretos.