REGLAMENTOS. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN SU CONTRA.

En virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad simplemente especulativa, aquél procede contra reglamentos y decretos solamente cuando, por ser éstos autoaplicativos, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicados y sea factible la destrucción del acto de aplicación. Por lo tanto, cuando se reclaman acuerdos cuyo fundamento lo constituyen dos decretos y basta el apoyo que cada uno de éstos les proporciona para que tales acuerdos se mantengan en pie, si el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de uno de dichos decretos queda firme por no haberse recurrido, no es dable en la revisión determinar si el mismo contraviene o no la Carta Magna, y resultaría intrascendente analizar la legalidad del otro decreto, pues, cualquiera que fuese el resultado de tal estudio, los citados acuerdos mantendrían su obligatoriedad en atención a la sustentación que les brinda el decreto no sujeto a la revisión. Es decir, aun en el supuesto de que el decreto revisado resultara inconstitucional, el acto de su aplicación, en cuanto se apoya también en otro decreto no revisable, no podría ser invalidado y, por lo mismo, la sentencia que al respecto se dictara carecería del efecto que, como objeto del juicio de garantías, precisa el artículo 80 de la Ley de Amparo.