REVISION EN AMPARO. IMPORTANCIA TRASCENDENTE PARA EL INTERES NACIONAL EN ASUNTOS DE CUANTIA INDETERMINADA O QUE NO EXCEDA DE $500,000.00, PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE. TERMINO PARA HACER VALER EL REQUISITO.

De un análisis exhaustivo de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en especial de los artículos 84, fracción I, inciso e), del primer ordenamiento y 7o. bis, fracción I, inciso e) y 25, fracciones I, inciso d) y III, del segundo, que son en los que se contempla la hipótesis relativa a los asuntos de importancia trascendente para los intereses de la nación o nacionales, expresiones que se usan indistintamente, se sigue que, de manera expresa, no se determina ningún término para hacer valer la solicitud respectiva. Sin embargo, no puede aceptarse que por no estar determinado expresamente en las leyes de la materia el término para hacer valer la petición de que se trata, el mismo no existe. De acuerdo con el principio de que siempre debe existir un término para la práctica de los actos judiciales o para el ejercicio de algún derecho, cabe deducir que el derecho específico que tienen las partes para solicitar que esta Suprema Corte se avoque al conocimiento de una revisión por considerar que se trata de un asunto de importancia trascendente para los intereses de la nación, debe ejercitarse dentro de un término. De la interpretación sistemática de los artículos 90 y 184 de la Ley de Amparo se desprende que el término aludido se encuentra determinado implícitamente, pues de los preceptos invocados, en cuanto resultan aplicables a la revisión ante Tribunales Colegiados de Circuito y en orden a su congruente interpretación, se advierte que las etapas del procedimiento en la revisión que se analiza, son las siguientes: I. Auto en el que se admite la revisión interpuesta, se da vista a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga y se ordena correr traslado al Ministerio Público; II. Término de diez días para que aleguen las partes lo que a sus derechos convenga, que empezará a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación de auto admisorio, lo que se funda en los siguientes motivos: a) El párrafo tercero del artículo 90 presupone que las partes tienen oportunidad para alegar, toda vez que expresamente señala que "con lo que expongan y aleguen las partes por escrito, el tribunal resolverá lo que fuere procedente ..."; b) si bien no establece expresamente que el término sea de diez días y corra a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto admisorio, cabe llegar a esta conclusión con base en la aplicación del principio establecido respecto de la revisión ante la Suprema Corte, de que, admitida, se señalará a las partes el término de diez días, para que aleguen lo que a sus derechos convenga; esta interpretación se sustenta en que si bien del texto del párrafo tercero del artículo 90 de la Ley de Amparo, en cuanto establece de manera expresa que al Ministerio Público se le correrá traslado por el término de cinco días, en relación con el principio reconocido en el párrafo anterior, respecto de la revisión ante la Corte, de que es igual el término de diez días concedido a las partes y al Ministerio Público, podría deducirse que no estableciéndose expresamente el término para las partes en la revisión ante los Tribunales Colegiados y señalándose el de cinco días para el Ministerio Público, ese mismo término debe concederse a aquéllas; sin embargo, cabe entender que si en cuanto a la revisión ante la Suprema Corte se fijó el término de diez días y no se limita de manera expresa el que debe concedérsele por lo que toca a la revisión ante los tribunales, resulta pertinente concluir que el susodicho término debe ser de diez días y no de cinco; III. Término de cinco días para que el Ministerio Público formule su pedimento; IV. Auto, que debe dictarse dentro de un término de cinco días a partir del momento en que el Ministerio Público devolvió los autos o le fueron recogidos por orden del tribunal, por el que se turna el asunto al Magistrado relator y que tiene efectos de citación para sentencia; V. Término de quince días dentro de los cuales se debe pronunciar la resolución. Del análisis de las diferentes etapas indicadas se deduce que en dos de ellas, concretamente las señaladas en los puntos II y III, es cuando se debe hacer valer el derecho de que se trata, pues aunque éste no se menciona específicamente, debe entenderse que queda comprendido dentro de las ideas genéricas sí especificadas en el precepto, de que dentro de tales términos formule pedimento el Ministerio Público y aleguen las partes. En otras palabras, debe establecerse que el momento oportuno para hacer la solicitud de que se envíe el asunto a este Alto Tribunal, por ser de importancia trascendente para los intereses de la nación, es para las partes el término de diez días para alegar, y para el Ministerio Público el término de cinco días que tiene para formular su pedimento. Debe considerarse, consecuentemente, que si las partes no hacen uso de su derecho dentro de los términos especificados, se tendrá por perdido, de conformidad con lo establecido por el artículo 288 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria, lo que justificará, por este motivo, que los Tribunales Colegiados desechen las peticiones formuladas extemporáneamente.