EMBARGO, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE, CUANDO SE SUSTENTA EN UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Ciertamente es de explorado derecho que el embargo o secuestro de bienes tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los deudores. Por tanto, si la nulidad de embargo se fundamenta en un precepto cuya inconstitucionalidad fue ya declarada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secuestro de bienes relativo debe prevalecer en tanto las partes que resulten ajenas a la relación obrero patronal no pueden quedar sujetas a un trámite especial, que tiene como finalidad esencial tanto el privar de sus derechos a los demás interesados o acreedores, como de exigir el cumplimiento de las diversas obligaciones que contrajo la empresa; por cuyas circunstancias, al omitir un procedimiento que legalmente permita gestionar tales derechos, carece de aplicación en el caso el artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo, que sin duda contraviene las garantías de audiencia y de administración de justicia consagradas por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardarse indefinidamente la ejecución de algún mandamiento, embargo o determinada sentencia de remate, en evidente perjuicio de terceros.