COMPETENCIA PARA CONOCER. DEMANDADOS CON DOMICILIOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS DIVERSAS. LITISCONSORCIO.

El litisconsorcio es necesario u obligatorio, dice Pallares, "cuando el proceso no puede iniciarse válidamente sino en la forma de litisconsorcio, porque las cuestiones jurídicas que en él se ventilan, afectan a más de dos personas, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz, sin oírlas a todas ellas. Por ejemplo, si se demanda la nulidad de una sociedad, hay que ejercitar la acción en contra de todos los socios; de no hacerlo así el fallo es nulo por no haber sido oídos los socios que no hayan sido emplazados... Existe litisconsorcio necesario, cuando hay imposibilidad jurídica de sentenciar por separado, respecto de varias personas, una relación jurídica en la que están interesadas todas ellas" (Diccionario de Derecho Procesal Civil, páginas 444 y 447, Editorial Porrúa, 1956). Jaime Guasp (Derecho Procesal Civil, página 217, Editorial Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956), sostiene respecto del litisconsorcio pasivo necesario: "Normalmente la imposición de litisconsorcio asume la índole de una carga, más, a su vez, esta carga puede revestir dos modalidades distintas: una de carácter material y otra de índole procesal estricta. Puede, en efecto, consistir, primeramente, en la necesidad de que varios intervengan conjuntamente en un proceso, de tal modo que la pretensión no puede ser válidamente propuesta sino por varios sujetos o frente a varios sujetos o por varios y frente a varios a la vez. Este es el litisconsorcio denominado propiamente necesario, que también puede ser definido como una carga de intervención común de las partes. Su razón de ser se encuentra, o bien en una norma expresa que así lo establezca positivamente, o bien en el principio general de que la indivisibilidad o inescindibilidad de una cierta situación jurídica procesal no permite su tratamiento por separado con relación a los diversos sujetos que en ella concurren... más aparte de toda hipótesis explicativa, hay que admitir la procedencia de litisconsorcio propiamente necesario cuando el supuesto de un posible fallo separado y contradictorio, sea jurídicamente, mejor que lógicamente, intolerable". Abundando sobre el tema, Carnelutti, en sus Instituciones del Proceso Civil (Ediciones Jurídicas Europa América, traducción de Sentís Melendo, Volumen 1, página 389, Edición 1973), explica lo siguiente: "Puede darse entre dos litis o negocios una relación tal que uno no puede existir sin el otro; en tal caso se habla de litisconsorcio necesario, en el sentido de que las dos o más litis no pueden ser decididas sino conjuntamente. Considero que esta figura se encuentra estrechamente unida con la de status, de manera que sólo cuando en una litis se deduzca una situación jurídica comprendida en un status el litisconsorcio necesario se verifique: El ejemplo clásico es el del desconocimiento de la filiación legítima, respecto del cual la relación entre padre e hijo implica la relación entre el hijo y la madre y también entre ésta y el padre". El concepto de status, lo explica el propio Carnelutti, de la siguiente manera: "Consiste en un conjunto de relaciones vinculadas por la identidad del título o del objeto, es decir del hecho (jurídico) de donde provienen o del efecto (jurídico) en que se traducen" (obra citada página 51). Según lo arriba expuesto, existe el litisconsorcio pasivo necesario, cuando hay necesidad de que tengan intervención, en el proceso, dos o más demandados, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible, y que por ello, no admite resolverse por separado, sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio. En efecto, es elemento esencial del litisconsorcio de que se habla, la existencia de una situación o relación jurídica indivisible en la que, todos aquéllos que pueden resultar afectados, deben ser llamados a juicio, a fin de que pueda decidirse válidamente; lo que no podría hacerse por separado, es decir, sin oír a todos. En un caso, obviamente no se da la necesidad de entablar la demanda conjuntamente en contra de los profesionistas demandados, si las relaciones jurídicas que cada uno de ellos tiene con los actores, que motivaron el litigio, no están vinculadas entre sí, en tanto que la obligación de pagar honorarios, se originó por causas diferentes. De suerte que, en tal caso, no puede hablarse de la existencia de una relación jurídica indivisible o de una cuestión litigiosa en la que de manera común estén interesados ambos demandados. Por el contrario, se trata de relaciones jurídicas autónomas, que perfectamente pueden decidirse con absoluta independencia una de la otra. No se está, por tanto, en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, porque no existe la necesidad de entablar la demanda conjuntamente en contra de los enjuiciados, ni razón que impida la posibilidad de sentenciar por separado válidamente, cada uno de los litigios propuestos, ya que el resultado que obtuviera cada demandado, sólo a él le perjudicaría o le beneficiaría, porque, se repite, los hechos que fundan la acción, son distintos y propios para cada uno. Aunque respecto de ambos enjuiciados se afirma que les fueron pagados los honorarios profesionales correspondientes, sin embargo, es de advertirse que de autos se desprende que los hechos en que se pretende fundar la acción, son completamente distintos respecto de cada uno. Porque los honorarios profesionales fueron originados, según lo afirman los mismos actores, por asesorías que los demandados prestaron en negocios autónomos y diferentes, como se advierte del escrito de demanda, en el cual los demandantes se encargan (inclusive separando los hechos relativos a cada demandado) de precisar que los juicios atendidos por uno de ellos, fueron los radicados ante autoridades judiciales del Distrito Federal, lo mismo del fuero federal como del común; en tanto que el otro demandado no tuvo participación alguna en tales juicios, ya que éste sólo atendió consultas y prestó asesorías en Nuevo Laredo, Tamaulipas, o sea, en otras cuestiones, incluyendo un exhorto deducido de un juicio radicado ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de esta capital, diligenciado en la ciudad fronteriza antes nombrada. Por consiguiente, es claro que la cuestión litigiosa no es la misma, ya que no existe entre los demandados un interés jurídico común, puesto que sus relaciones jurídicas se encuentran absolutamente desvinculadas, son autónomas. La actora, en consecuencia, no debió proponer una misma demanda para los dos demandados contra quienes entabló acciones diversas, absolutamente desvinculadas una de la otra; máxime que tratándose de acciones personales, en que los demandados tienen su domicilio en entidades federativas distintas (uno de ellos en esta Ciudad de México, Distrito Federal y el otro en Nuevo Laredo, Tamaulipas), al proponerse la demanda ante el Juez del domicilio de sólo uno de ellos, es claro que al otro se obligaría a litigar ante Juez que no sería el de su domicilio personal, o sea, ante Juez incompetente, no obstante su voluntad expresa de rechazarlo, puesta de relieve por la interposición de su dilatoria de incompetencia. Al respecto dice el propio Guasp, en su obra anteriormente citada, página 218: "El régimen jurídico de litisconsorcio (se refiere al necesario) en cualquiera de sus tipos, presenta peculiaridades importantes, tanto en cuanto a sus requisitos como en cuanto al contenido y a los efectos que produce: a) los requisitos del litisconsorcio afectan, en primer término, a los sujetos del proceso, y de ellos, al Juez, el cual ha de tener frente a todos y cada uno de los litisconsortes jurisdicción, competencia, la cual se basa mediante la aplicación a este caso de las reglas sobre conexión, por existir acumulación procesal...". Además de lo expresado, tomando en cuenta que, en el caso, se pretende obtener la liberación de un adeudo, con el consiguiente comprobante de su cumplimiento, mediante condena a los demandados que los constriña a cumplir con la obligación de otorgar el recibo o finiquito correspondiente, como se trata de acciones tendientes a la declaración de obligaciones, no puede ser necesario el litisconsorcio, "porque la obligación es por su naturaleza individualizada por la persona del obligado, y como tal, susceptible de una declaración también individual" (Chiovenda. Ensayos de Derecho Procesal Civil, Tomo III, páginas 306 y 308, citado por Eduardo Pallares, en su obra antes mencionada, página 447). Teniendo en consideración lo explicado, debe admitirse que sería aplicable la regla de competencia contenida en el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles (que establece la competencia en favor del Juez que haya prevenido en el conocimiento del juicio, cuando conforme a las reglas del citado dispositivo, resulten varios tribunales competentes), siempre que se diera o únicamente si se diera la modalidad procesal de litisconsorcio pasivo necesario; pero al haber varios demandados con domicilio distinto, contra quienes se deducen acciones desvinculadas, por tratarse del ejercicio de una acción personal, es claro que es competente el Juez del domicilio de cada demandado. Lo que manifiestamente rechaza la aplicación de la regla expuesta en primer término, prevista en el susodicho artículo 24, fracción VIII. Establecido lo anterior, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Cuarto Partido Judicial de Tamaulipas en Nuevo Laredo, no es competente para conocer de la demanda presentada en contra del residente en el Distrito Federal, Alberto Guilbot Serros), pues tratándose del ejercicio de una acción personal, como en el caso, con arreglo a los artículos 156, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 195, fracción IV, del Estado de Tamaulipas, es competente el Juez del domicilio del demandado, esto es, el de la ciudad de México, dado que el profesionista nombrado tiene su domicilio precisamente en esta ciudad, lugar en donde la propia autoridad judicial nombrada, ordenó se lo emplazara por exhorto. Sin embargo, como se está en presencia de un solo escrito de demanda, en el cual el actor englobó el ejercicio de acciones diversas y autónomas que daban competencia, una de ellas, sólo al Juez de Nuevo Laredo (de la demanda promovida en contra de Reynaldo Flores Villarreal), y la otra, que daba competencia sólo al Juez de México (la promovida en contra de Guilbot Serros), por ello, ante la imposibilidad de que un solo escrito de demanda pueda dividirse para que de ese solo y mismo escrito puedan conocer dos Jueces diversos, con asiento territorial tan distinto, lo que procede será que el Juez de Nuevo Laredo continúe conociendo de la demanda; pero únicamente, es claro, en lo que sí tiene competencia, y que se entiendan reservados los derechos del actor para que, en aquellos aspectos de su demanda en que, según lo explicado, es competente el Juez de México, formule por separado, si lo desea, nueva demanda ante el aludido Juez competente de México.