REPARACION CONSTITUCIONAL, NATURALEZA JURIDICA DE LA.

El procedimiento de reparación constitucional que arranca del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, se creó para corregir el grave error en que se incurrió en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, de autorizar el juicio de amparo contra cualquier resolución dentro del procedimiento, lo cual provocaba que a través de las dos instancias de un juicio común se fueran produciendo multitud de juicios de amparo, y la finalidad buscada con ese instituto de la reparación constitucional consistió en hacer que todas las violaciones que se cometieran a lo largo de un procedimiento común mediante resolución que no admitieran recurso, quedaran propiamente subsumidas en la sentencia definitiva. La reparación constitucional es, pues, meramente un recurso que la propia Ley Fundamental instituye encomendándolo a la potestad común para darle oportunidad de que repare sus propios errores, y para provocar, como antes se dijo, que las violaciones que se produzcan queden subsumidas en la sentencia definitiva. En esta virtud, cuando la sentencia definitiva es apelable, el alegato de violación (si ésta no fue reparada) debe repetirse por vía de agravio ante la autoridad de segunda instancia, pues aunque la redacción del artículo 161 de la Ley de Amparo, a primera vista introduce confusión al hablar de actos contra los que no procede ningún recurso ordinario (fracción I) y de actos que admitan algún recurso ordinario (fracción IV), ninguna base jurídica existe para establecer un tratamiento diferente por el sólo hecho de que la ley común señale recursos contra algunos actos o no los señale contra otros. De admitirse el criterio opuesto se daría el doble absurdo de contrariar la finalidad que el legislador persiguió al crear el instituto de la reparación constitucional, y se hacen irreparables en la vía de amparo violaciones, que en su contra no procedería el juicio de amparo por no ser de las enumeradas por la fracción relativa del artículo 107 de la Constitución, ni procedería tampoco contra la sentencia de primera instancia que consumó la violación, por ser susceptible de apelación dicha sentencia; de este modo se llega a la conclusión de que sólo a través de la sentencia de segunda instancia en cuanto se ocupe y no se repare la violación que se trata, ésta puede llegar al ámbito del amparo. Cualquier duda que pudiera surgir en presencia de las fracciones del artículo 161 de la Ley de Amparo, se disipa con la sola lectura de la fracción II del artículo 107 constitucional, en su anterior texto vigente, la cual disponía: "En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no procede ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa en ellas, o que, cometida dentro de la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ellas por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda por vía de agravio"; estas ideas se mantienen actualmente en el inciso a) de la fracción III del propio artículo 107 constitucional, reformado por Decreto del 30 de diciembre de 1950, y como se ve, no se hace ninguna distinción en cuanto a que el acto por el cual se cometió la violación admita un recurso ordinario.