TERRENOS BALDIOS, NACIONALES Y DEMASIAS, LEY DE. REVISION EN AMPARO. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE EN LOS CASOS DE SU APLICACION.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, si recaen con respecto a resoluciones dictadas por una autoridad administrativa a propósito de la aplicación de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías. Esta competencia es manifiesta independientemente de la cuantía del negocio, por quedar el caso comprendido dentro de lo que disponen el inciso e) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución General de la República y el inciso e) de la fracción I del artículo 84 de la Ley de Amparo, en relación con lo que estatuye el inciso d) de la fracción I del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los asuntos motivados en esa ley, son de importancia trascendente para los intereses de la nación. La vigente Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías es de importancia trascendente para los intereses de la nación, porque define cuáles son los terrenos de su propiedad, determinando su régimen jurídico; consagra la clasificación de los mismos en baldíos, nacionales y demasías y establece los requisitos para proceder a su enajenación, llegando incluso a prohibir, en su artículo 7o., que puedan enajenarse, a título oneroso o gratuito o arrendarse a particulares, los terrenos baldíos, que son aquellos que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos. Resulta más evidente la importancia trascendente de este ordenamiento legal para los intereses de la nación, si se aprecia, debidamente, que se esta frente a una ley que reglamenta diversos párrafos y fracciones integrantes del artículo 27 de la Constitución General de la República, entre los que sobresalen los relativos a que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación; a la posibilidad de ésta para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; a la capacidad de las sociedades comerciales por acciones, para poseer y adquirir bienes raíces; a la prohibición a los extranjeros para adquirir tierras en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, y a la facultad del Ejecutivo de la Unión para declarar nulos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad con perjuicios graves para el interés público. El interés trascendente para la nación de esta misma Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías se pondera, igualmente, de la consulta de la exposición de motivos que fundamentó la iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, en la cual se consignan entre otras consideraciones, las siguientes: reglamentando el contenido de la fracción XVIII del artículo 27 constitucional que declaró revisables todos los contratos y concesiones hechas por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, y facultó al Ejecutivo para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público, en la ley se incluyen una serie de disposiciones tendientes a uno y otro objeto; si bien por obvias razones de equidad se respetan los derechos de terceros adquirentes de buena fe, a quienes en caso de comprobar sus derechos se les titularán extensiones no mayores que las máximas señaladas en las leyes locales, destinándose en su caso los excedentes preferentemente a colonización; y aun tratándose de campesinos pobres, se les concede el beneficio, anteriormente dispensado por acuerdo de 8 de abril de 1938, de obtener la adquisición gratuita del terreno en los términos del capítulo respectivo, cuando no hubieren presentado en tiempo la solicitud de reconocimiento de sus derechos afectados por la declaración de nulidad. La ley provee lo necesario en relación con la fracción IV del mencionado artículo 27 constitucional, en cuanto se refiere a las extensiones de terrenos que las sociedades comerciales por acciones pueden adquirir, poseer o administrar. En una serie de disposiciones generales se consignan las relativas: a la competencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para tramitar y resolver todos los asuntos a que la ley se refiere, para permutar terrenos nacionales por particulares cuando así convenga al interés público y para reservar terrenos nacionales para diversos fines de interés general; a la prohibición para llevar a cabo desmontes y aprovechamientos de recursos forestales sin la previa autorización de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en los términos que la misma fije y mediante el pago de los derechos relativos; a la nulidad de títulos sobre terrenos baldíos o nacionales, demasías y excedencias expedidos por particulares o autoridades no facultados para ello, sin responsabilidad alguna para la hacienda pública; a que ningún título expedido por autoridad competente podrá ser nulificado si no es mediante juicio seguido ante los tribunales competentes de la Federación; a que fuera del caso de cesión gratuita de tierras, los gastos de inspección, medición, verificación, deslinde y avalúo de los terrenos serán por cuenta de los interesados; a la rectificación de avalúos cuando se suponga que en ellos se ha procedido con negligencia, dolo, mala fe o error; a la responsabilidad de los peritos particulares u oficiales por su negligencia o mala fe; a la prohibición de los peritos oficiales y al personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de expedir a los interesados copias simples o certificadas de documentos diversos sin autorización superior; a la necesidad de la previa autorización de dicha secretaría para el traspaso de los derechos derivados de solicitudes sobre terrenos nacionales; a la declaración, que no es sino un corolario del artículo 27 constitucional, de que la nación se reserva los derechos sobre el subsuelo de los terrenos nacionales que enajene gratuita u onerosamente; a la imprescriptibilidad de los terrenos baldíos nacionales, demasías y excedencias, a todas luces conveniente y que puede ser libremente instituida por la ley, de conformidad con lo prescrito en los artículos 6o. y 37 de la Ley General de Bienes Nacionales y en el artículo 766 del Código Civil; a la obligación de ocupantes y arrendatarios de terrenos nacionales de cubrir los impuestos municipales, estatales, y federales, y a la prohibición de que los terrenos objeto de la ley sean embargados ni sujetos a procedimiento alguno de adjudicación por parte de los particulares o de los gobiernos locales o autoridades municipales". Atento a lo expuesto, es manifiesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conocer del recurso de revisión interpuesto contra sentencia que pronuncie un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, siempre que el acto reclamado consista en un acto administrativo que esté fundamentado y motivado en la citada Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, no acogiéndose por ello, las tesis sustentadas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal y que se publicaron en el informe de su presidente, año de 1969, páginas 141 y 142.