ACTUACIONES PENALES. SU VALOR PROBATORIO EN JUICIOS CIVILES.

La Suprema Corte de Justicia reiteradamente ha sostenido que las pruebas rendidas en un proceso penal no pueden considerarse aptas en un juicio civil, que debe contar con sus propias pruebas, de modo que si en la averiguación penal constan diligencias de testigos, la parte interesada en aportar esas declaraciones debe rendir en el juicio civil la prueba relativa proponiendo y presentando a los testigos, para que sean repreguntados y pueda valorarse la prueba; para ello se ha tenido en cuenta que en un proceso del orden penal impera un propósito diferente del que se persigue en el juicio civil y que, por lo mismo, las actuaciones del proceso penal revisten una estructura diversa y además no siempre interviene en ellas la parte ofendida, debiendo prescindirse, en consecuencia, de las mismas, como prueba directa. Esas actuaciones pueden no desestimarse en lo absoluto, pues en determinadas circunstancias pueden servir de indicios para la comprobación de hechos, cuando se relacionen con otras pruebas rendidas dentro del juicio civil, pero sólo en casos excepcionales, como sucede cuando resulta materialmente imposible en el juicio civil repetir una prueba que fue aportada en el proceso penal.