PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. RECURSO DE REVISION PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE LA MATERIA. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.

Si bien es cierto, que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece la obligación de agotar los recursos ordinarios que, en materia administrativa, puedan modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, so pena de la declaración de improcedencia del juicio de garantías que se promueva, sin cumplir con esta exigencia, también se permite que tales medios ordinarios de impugnación no sean agotados, cuando el recurso no suspenda la ejecución del acto administrativo o exija mayores requisitos para ello que la Ley de Amparo. Ahora bien, el recurso de revisión establecido por el artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución de los actos administrativos que mediante él se recurran. En efecto, el artículo 98 de la misma ley textualmente señala: "Artículo 98. La interposición del recurso, suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de multas, siempre que se garantice su importe, en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente. Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas, y de sanciones que no sean multas, la suspensión sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos: I. Que la solicite el recurrente; II. Que el recurso sea procedente, atento a lo dispuesto en el artículo 91; III. Que de otorgarse la suspensión, no tenga por efectos la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que deriven de ella; IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, en el monto que fije discrecionalmente la autoridad administrativa, bajo su responsabilidad; V. Que la ejecución de la resolución recurrida, produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente". Aun y cuando la revisionista no manifieste porqué estima que el recurso administrativo exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, resulta evidente que tal aseveración es incorrecta como se pasa a demostrar: a) En primer lugar debe decirse que si el oficio reclamado no es una multa ni una sanción de otra especie, entonces la concesión de la suspensión en el recurso ordinario, debe sujetarse a lo dispuesto en la segunda parte del artículo 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, b) Respecto del primer requisito que señala la ley ordinaria, y que se hace consistir en la solicitud de suspensión formulada por el recurrente, tal exigencia también se encuentra prevista en materia de amparo por el artículo 124, fracción I, de la ley rectora del juicio de garantías, c) Por lo que toca al requisito administrativo de que el recurso sea procedente para que pueda otorgarse la suspensión, debe decirse que, en materia de amparo, también existe, pues si la demanda es notoriamente improcedente, será desechada de plano, sin suspender el acto reclamado, según lo ordena el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, d) En lo correspondiente a la exigencia del recurso ordinario, consistente en que de otorgarse la suspensión no tenga por efecto la continuación o consumación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público, de acuerdo con el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, igualmente es impedimento para conceder la suspensión definitiva, el que con la misma se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, e) En lo que respecta al cuarto requisito exigido por el recurso ordinario, que consiste en no ocasionar daños o perjuicios a terceros con el otorgamiento de la suspensión, a menos que éstos se garanticen, igualmente está previsto perfectamente en los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, f) Por último, en lo tocante a que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o de difícil reparación al recurrente, tal exigencia también se presenta en materia de amparo, según lo ordena el artículo 124, fracción III, de la ley relativa. De lo anterior debemos concluir que no es cierto que el recurso ordinario de revisión previsto por los artículos 91 y 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución de los actos materia de impugnación, pues como ya ha quedado expuesto, los mismos requisitos se exigen en la ley ordinaria y en la reglamentaria del juicio constitucional, por lo que no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 73, fracción XV, última parte, de la referida ley, y el caso no se encuentra entre las excepciones al principio de definitividad reguladas por los ordenamientos aplicables. De la manera anterior, y toda vez que el recurso ordinario exige los mismos requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, la quejosa debió agotar primero el medio ordinario de impugnación, y al no hacerlo así, se configura una causa de improcedencia, como correctamente lo apreció el Juez de primera instancia, debiendo declararse infundado el agravio a estudio, y confirmarse el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.