FRAUDE Y DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONCURSO ENTRE. APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA LEY.

Para resolver la cuestión relativa al concurso de leyes, es importante tener en cuenta dos requisitos: primero, que la conducta realizada por la acusada encuadre en el tipo legal descrito en la ley especial; segundo, que tanto la ley especial, cuanto la ley general es sus respectivas disposiciones legales, contengan los mismos elementos del tipo, pues tales requisitos se desprenden de la doctrina sobre el principio de la especialidad, que parte del supuesto de que una misma acción caiga bajo la esfera de los preceptos penales y que estos preceptos se excluyan entre sí; entendiéndose que existe concurso de leyes cuando el precepto de la ley especial recoja todas las características fundamentales del tipo general, y además, alguna otra, específica, que al ser especializadora determina la aplicabilidad de la ley especial. Sólo cuando se dan esas hipótesis, puede plantearse el concurso de leyes que debe resolverse mediante la aplicación del principio de la especialidad de la ley. En el caso, la ley general cuya aplicación se estima incorrecta, el Código Penal, en su artículo 386, define el tipo siguiente: "Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido". La ley especial, cuya aplicación pretende la quejosa, en su artículo 153 bis I, precisa: "Serán sancionados con las penas que señala el artículo que antecede, los funcionarios y los empleados de las instituciones de crédito u organizaciones auxiliares... II.- Que falsifiquen, alteren, simulen, o, a sabiendas, realicen operaciones que resulten en quebrantos al patrimonio de la institución u organización en la que presten sus servicios". Atento a lo anterior, resulta que el primer requisito que permite la aplicación del principio de la especialidad, no se dio, pues del contenido del texto del artículo 153 bis antes transcrito, es de advertirse que no basta para la aplicación de esta ley especial la calidad del sujeto del delito de ser funcionario o empleado de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, sino que deben acreditarse los elementos constitutivos del delito descrito. En el caso, destaca con singular relevancia, el elemento siguiente: "realicen operaciones". De acuerdo con la naturaleza de esta ley especial, a la calidad del sujeto activo, y al vocablo empleado por el precepto legal antes citado, es indispensable que la falsificación, alteración y simulación a que alude, sean actos que se cometan por los funcionarios o empleados de la instituciones que menciona, en el ejercicio y en íntima relación con la naturaleza de sus funciones o empleos, pero no regula actos ajenos a ellos, como los que motivaron la condena de la acusada, en el que no los realizó ni intervino al efectuar operación alguna de crédito o que se le hubiese encomendado en relación a su cargo, de donde resulta que en la especie, la conducta de la sentenciada, no se encuentra regida por tal ley especial. Tampoco se dio la segunda hipótesis en que se fundamente la aplicación del principio de la especialidad, porque en el caso concreto el precepto de la ley especial que invoca la quejosa, la general de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, no abarca en su definición todos los elementos del tipo de fraude previsto en la ley general, el Código Penal, ni el de falsificación, por los que se siguió el proceso y condenó a la enjuiciada, ya que tal precepto de la ley especial no regula de manera particular el delito de fraude pues no se encuentran en él íntegramente las características típicas del tipo general, como son el empleo del engaño o aprovechamiento de error para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, tal y como requiere el artículo 386 del Código Penal, siendo pertinente agregar que, si bien es cierto que los funcionarios y los empleados de instituciones de crédito u organizaciones auxiliares, se encuentran regidos por una ley especial, que lo es la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, sin embargo, la aplicación de este ordenamiento jurídico sólo lo es en la estricta medida que se den las hipótesis a que él mismo se refiere, pero en lo no comprendido por ella, los funcionarios y empleados de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, no están sustraídos a la esfera del derecho penal general. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.