VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTERES PUBLICO DIRECTO.

Tratándose de visitas administrativas tendentes a controlar precios, o a controlar contaminación ambiental, o alguna cosa semejante, en que se está actuando con miras al interés público directo de un grupo o clase social, no es menester que las visitas se entienden directamente con un representante legal de la empresa, ni que se le deje citatorio para fecha y hora determinadas, sino que para que las visitas puedan ser eficaces para su finalidad, deben poder ser aun sorpresivas, y el interés directo colectivo que hay en esto pesa más que el interés individual del visitado, al contrario de otros casos en que sólo va de por medio, en las visitas, un interés directo de las autoridades (que sólo indirectamente pueda traducirse al interés de un grupo o clase sociales). A más de que en estas visitas, el artículo 16 constitucional no dice que se tenga que entender con el directamente afectado con la visita, ni con su representante legal, sino con el ocupante del lugar. Luego si la visita se entiende con quien se ostentó como encargado del lugar donde se efectuó, ello es bastante, a menos que se alegue y demuestre que es falso que ese alguien se ostentó así, o que ese alguien resulta totalmente ajeno a la negociación, etcétera, pero sin que baste la afirmación ambigua de que en el acto no aparezca demostrado que era representante legal o encargado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.