EJECUCION FISCAL. NO SE DEBE INICIAR SIN RESOLVER PREVIAMENTE LA INSTANCIA DEL CAUSANTE.

Si una persona es notificada de la resolución que le fincó un crédito fiscal, y se dirige a una dependencia o autoridad del organismo fiscal a solicitar, en cualquier forma que ello sea, que se cancele el crédito por las razones que expone, es claro que esa dependencia no puede legalmente, sin violar las garantías de petición y de debido proceso legal (artículos 8o., 14 y 16 constitucionales), proceder al cobro del crédito en la vía de ejecución, antes de resolver lo pedido. Y aun en el caso de que el funcionario al que fue dirigida la instancia no fuese el competente para resolver sobre ella, debió dicho funcionario turnarla al órgano competente, y debió resolverse al respecto antes de proceder al cobro, pues constitucionalmente no pueden las dependencias gubernamentales abstenerse de resolver sobre las peticiones que se les elevan, y actuar como si nunca les hubiesen sido formuladas, pues aceptar la validez de tal actuación sería aceptar la validez de una actuación inconstitucional. Es claro que las diversas dependencias de un organismo fiscal estén vinculadas entre sí legalmente, y que no les es lícito ignorarse unas a otras, en forma bizantina, que venga a resultar en una falta de acatamiento a los derechos constitucionales de petición y de debido proceso legal. O sea que, en tales casos, la dependencia que recibe la petición debe resolver sobre ella, o turnarla a la dependencia competente, del mismo organismo fiscal, a fin de que, una vez resuelto al respecto lo que legalmente proceda, pueda determinarse si se debe iniciar o no, el cobro por la vía económico-coactiva. Y es claro también que respecto del causante, en las condiciones apuntadas, no podría alegarse falta de interés jurídico para promover el juicio de amparo, con base en que su petición no es un recurso formal de tal o cual naturaleza, porque esto equivaldría a prejuzgar sobre la ineficacia de la petición elevada a las autoridades. Y si esa petición debiera considerarse como un recurso informal, o irregular, por ser la única manera como podría tener alguna eficacia, es evidente que ese tratamiento es el que se le debe dar, y que es al órgano competente al que se le debe turnar para que resuelva al respecto, o mande hacer las aclaraciones que procedan, etcétera. Más bien debe entenderse que el orden jurídico, en estos casos, manda que se resuelva en cuanto al fondo sobre las pretensiones de los causantes, para que se respire un clima de derecho entre gobernados y gobernantes, mediante la composición legal de sus conflictos, y no crea una serie de laberintos o trampas procesales que sirvan a las autoridades fiscales para efectuar, sin revisión legal, cobros de adeudos fiscales que pudieron estar ilegalmente fincados o cobrados: esto sería una interpretación legal contraria a la mas absoluta buena fe que debe presidir a quien detenta el poder público de la facultad económico-coactiva. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.