VISITAS ILEGALES (CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO).

Para que una visita domiciliaria sea legal, y sus resultados puedan servir como prueba de una infracción administrativa o fiscal, es menester que la autoridad competente expida una orden escrita en la que se expresará el lugar que debe inspeccionarse, los objetos que se buscan, entre ellos libros o papeles, y las disposiciones fiscales cuyo cumplimiento se vigila y el período de que se trata, en su caso. Y sólo se puede suplir esa orden con el consentimiento del afectado, cuando lo da quien legalmente puede darlo, y lo da libremente y con pleno conocimiento de causa, es decir, después de que se le expresa claramente cual es el motivo y objeto de la visita. Y si no se reúnen esos requisitos, el acta relativa y los hechos encontrados en la visita o los que después se encuentren gracias a esos hechos, no pueden tener valor probatorio legal en juicio, pues de aceptarlos así, los tribunales alentarían prácticas inconstitucionales y, en alguna manera, se harían cómplices de ellas, al admitir sus frutos en juicio. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.