SALARIOS CAIDOS. NO QUEDAN INCLUIDOS ENTRE LOS CREDITOS PREFERENTES QUE CONTEMPLAN LOS ARTICULOS 123 CONSTITUCIONAL EN SUS FRACCIONES XXI, XXII Y XXIII Y 113 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

El artículo 874, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establece que: "cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden de sucesión de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos". Ahora bien, para determinar cuáles son los derechos preferentes, debe atenderse, en primer término, al texto constitucional. Categóricamente, la fracción XXIII del artículo 123 constitucional, previene que "los créditos en favor de los trabajadores, por salarios o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso, o de quiebra". Las únicas indemnizaciones de aquella naturaleza que menciona el texto constitucional, están comprendidas en las fracciones XXI y XXII del mismo artículo 123. Del contenido de estas disposiciones, es perceptible que las indemnizaciones a que se refiere el texto constitucional, como créditos preferentes, junto con los salarios deducidos en el último año de servicios, se limitan al importe de tres meses de salario, que el patrón debe cubrir al obrero cuando se niegue a someter sus diferencias al arbitraje o no acepte el laudo pronunciado por la Junta; cuando despida al obrero sin causa justificada, o bien, el obrero se retire del servicio en virtud de falta de probidad del patrón, y cuando éste o sus familiares hagan víctima al obrero de malos tratamientos. Sólo en una hipótesis de carácter excepcional, inserta en la fracción XXII, el término "indemnización" tiene alcance distinto del señalado: cuando el patrono puede ser eximido de cumplir el contrato de trabajo. En esta hipótesis, de manera expresa, se deja a la ley reglamentaria regular lo que corresponda; así que con ella no se desautoriza el concepto genérico del propio término "indemnizaciones". La Ley Federal del Trabajo confirma los conceptos anteriores. Su artículo 113 reitera el imperativo que contiene la fracción XXII del artículo 123 constitucional, aun cuando el precepto reglamentario particularice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores, tienen preferencia sobre cualquier otro crédito, "incluidos los que disfruten una garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón". Las indemnizaciones a que se refiere el artículo 113 mencionado, corresponden al concepto genérico de ese término, que consignan las fracciones XXI y XXII del artículo 123 constitucional; pero no comprenden el caso excepcional que engloba la segunda de estas fracciones, pues la Ley Federal del Trabajo regula, separadamente, dicha hipótesis de excepción. En efecto, la Ley Federal del Trabajo, después de determinar que los contratos de trabajo "obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad" (artículo 31); de consignar, minuciosamente, las causas de rescisión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrón (artículo 47), y de establecer que "el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario" (artículo 48), señala los requisitos que debe satisfacerse, para que el patrón quede eximido "de la obligación de reinstalar al trabajador" (artículo 49). Por su parte, el artículo 50 de la misma ley, impone al patrón que desea eximirse de reinstalar al trabajador, la obligación de cubrir a éste "una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados", si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado, menor de un año; una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios, si la relación de trabajo excede de un año; veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, cuando la propia relación fuere por tiempo indeterminado y, "además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salario vencidos, desde la fecha del despido, hasta que se paguen las indemnizaciones". A través de las prevenciones anteriores, se cumple el mandato constitucional, regulándose la hipótesis de excepción que comprende la fracción XXII del artículo 123 constitucional; así que las reglas correspondientes deben regir, en exclusiva, el caso de excepción. Este tribunal pronunció ejecutoria con fecha dieciséis de julio de mil novecientos setenta y uno, dentro del juicio de amparo número 235/71, promovido por Ricardo Argüijo Flores y Antonio Uribe Cortés, donde considera: "Si la fracción XXIII del artículo 123 constitucional establece que son preferentes los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año, y las fracciones XXI y XXII preceptúan que si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto, y que cuando el patrono despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario; de tales disposiciones aparece que al referirse a la indemnización lo hacen en el sentido de verificar el pago de tres meses de salario además de las demás responsabilidades que resulten del conflicto, de ello se infiere que la Constitución establece como crédito preferente, refiriéndose a las dos indemnizaciones, sólo la indemnización constitucional que es el pago de tres meses de salario. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, al hablar de la preferencia de créditos, dice que tienen tal carácter los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón, pero estas indemnizaciones no pueden referirse a las que establece el artículo 50 porque este dispositivo enumera aquellas indemnizaciones a que se tiene derecho en relación al supuesto que establece el artículo que le precede, entre las que deben considerarse los salarios devengados, los de los séptimos días y días festivos, aun cuando tengan una vigencia muy anterior al último año y los posteriores salarios vencidos, pero las indemnizaciones preferentes son aquellas que constitucionalmente se mencionan en las fracciones del artículo 123 citado y en forma sustantiva por el artículo 113 también citado y si este precepto únicamente se refiere a los salarios devengados en el último año, quiere decir que en tratándose de salarios se excluyen todos los demás cualquiera que sea su origen o procedencia aun cuando sean aquellos que el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo considera como indemnización. En tal virtud, los salarios caídos no quedan incluidos en la enumeración preferencial que contemplan los artículos 123 constitucional, en sus fracciones XXI, XXII y XXIII y 113 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, la resolución impugnada que así lo determina, no implica violación de garantías". TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.