SUSPENSION DE OFICIO. REVISION Y QUEJA.

Conforme al artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión procede contra las resoluciones de un Juez de Distrito que concedan o nieguen la suspensión definitiva. De la lectura de este precepto, parece desprenderse que el recurso no procede contra los autos que conceden o niegan la suspensión provisional, ni contra los que conceden o niegan la suspensión de oficio, ya que en ambos casos se está frente a resoluciones diferentes de la interlocutoria que se dicta en la audiencia incidental. Por otra parte, por lo que hace a la suspensión provisional, ésta se dicta en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo cuando hay peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el acusado, y surte el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto se resuelven sobre suspensión definitiva, en la audiencia correspondiente. Contra las resoluciones que conceden la suspensión provisional no cabe el recurso de revisión, según la antigua tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte (formulada con ejecutorias que van del Tomo IV al Tomo LXXII de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación), visible con el número 218 en la página 377 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965 (tesis 216, página 355, Octava Parte, Apéndice 1917- 1975). Esas tesis pueden justificarse con la consideración de que la concesión de la suspensión provisional causa un perjuicio mínimo, en el supuesto de haber sido otorgada, porque la concesión de la misma queda más o menos rápidamente sujeta a lo que se resuelva sobre suspensión definitiva en la audiencia incidental, y en todo caso podría ser mayor el daño de no conceder dicha suspensión en los casos para los cuales está prevista. En cambio, a diferencia de la provisional, la suspensión de oficio que procede conceder, entre otros casos, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, es una medida que se decreta de plano en el mismo auto en que el Juez admite la demanda, y que ya no está sujeta a ratificación o rectificación en la audiencia incidental, mediante la concesión o negativa de la suspensión definitiva. En consecuencia, la concesión de la suspensión de oficio surte efectos semejantes a los de la suspensión definitiva, y no a los de la suspensión provisional, efectos que duran hasta que se dicta sentencia definitiva en el juicio de amparo, o se sobresee el mismo (artículo 122 de la Ley de Amparo). Así pues, tratándose de la suspensión de oficio, no se ve clara la conveniencia procesal de negar su revisión por las mismas razones que podrían apoyar la tesis de jurisprudencia relativa a la suspensión provisional. Además, conforme al artículo 89, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano (o sea la de oficio, según se acaba de ver), interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado copia certificada de ...". De esto se infiere que el legislador ha previsto la procedencia del recurso de revisión contra el auto que concede o niega la suspensión de plano, a pesar de la laguna que al respecto muestra el artículo 83, fracción II, siendo de notarse que el artículo 89 a comento es de la misma ley de la misma jerarquía. En consecuencia, para interpretar en forma congruente todos los preceptos de la Ley de Amparo, que se han mencionado, de manera que ninguno de ellos venga a quedar mutilado o incapacitado para surtir efectos, se tiene que concluir que el recurso de revisión es procedente contra el auto que de plano concede o niega la suspensión de oficio. A más de que, en criterio de este tribunal, cuando la duda que se suscita entre la procedencia de dos recursos (queja y revisión, en este caso, conforme al artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo en relación con los demás que se han citado), se debe a oscuridad o defecto propios de la ley misma, debe admitirse cualquiera de esos recursos que la parte proponga, porque cuando hay recurso indudablemente y la duda es sobre cuál es el procedente, lo importante, en principio, es que se revise legalmente la validez de una resolución que afecta los derechos de las partes, y no que por rigorismos de interpretación se deje de examinar la validez material de sus pretensiones. Por lo demás, si bien la suspensión de oficio tutela ciertos valores, en relación con la conservación de la materia del amparo, esto no basta para hacer improcedente el recurso, como no lo es en cuanto a la sentencia de fondo que se llegue a dictar, puesto que legalmente es de suponerse que dichos valores serán tomados en cuenta también por el tribunal de revisión, y no sólo por el Juez de Distrito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.