CONTROVERSIAS CIVILES. INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. CAÑA.

Cuando se trata de una controversia de carácter civil (demanda de pago de pesos e intereses por incumplimiento de contrato), sólo la pueden dirimir las autoridades judiciales competentes, y no una autoridad administrativa. Es cierto que el artículo 12 del decreto que fija el precio de la caña para la fabricación de azúcar, alcoholes, aguardientes y piloncillo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 1944, faculta a la Secretaría de Agricultura para resolver "administrativamente" las controversias que se susciten entre el industrial y los cañeros; pero tal competencia debe entenderse en relación con los motivos, expuestos en el "considerando" de dicho decreto, referentes a las zonas de abastecimiento, calidades, participación de beneficios en la transformación del producto, medidas de cooperación y disminución de costos del acarreo. De suerte que esa facultad administrativa, en cuyo ejercicio debe tomarse en cuenta, inclusive, en la parte industrial, la opinión de la Secretaría de Industria y Comercio, no puede hacerse extensiva a la competencia jurisdiccional plena que corresponde a las autoridades judiciales, ni confundirse con dicha competencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.