JUICIO ORDINARIO FEDERAL. CUANDO PUEDE PROMOVERSE PARA COMBATIR UN ACTO ADMINISTRATIVO, EN LUGAR DE IMPUGNARLO EN JUICIO DE GARANTIAS.

Con arreglo al artículo 107, fracción IV, de la Constitución de la República (y lo mismo previene el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo), si la ley que crea, en materia administrativa, un recurso, juicio o medio de defensa legal, no establece que por la interposición de éstos se produzca la suspensión del acto reclamado, o bien exige, para otorgarla, mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para el mismo efecto, no será necesario agotar tales medios de impugnación; pero, en los demás casos, sí es indispensable interponer, previamente al juicio de garantías, el recurso o medio de defensa que instituya la ley del acto. En uno y otros supuestos, por lo mismo, se parte, sin duda alguna, de la base de que es precisamente la ley del acto (el ordenamiento que de manera específica norme la materia en la que se emitió el acto combatido en el amparo) el cuerpo legal que puede establecer el medio de defensa que ha de interponerse antes de acudir al juicio constitucional. Así pues, para que concretamente exista la posibilidad de que, en los términos de los artículos 104, fracción I, de la Carta Magna y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se combata por medio de un juicio de oposición entablado ante los tribunales federales, una resolución administrativa, como trámite previo al amparo, se requiere que el juicio de oposición esté previsto en la ley que específicamente regula la emisión del acto administrativo combatido. En estas condiciones, si el quejoso promovió el juicio de oposición, sin que el mismo esté instituido en el ordenamiento que se aplicó, como puede ser la Ley Orgánica del Ejército, equivocó la vía procesal adecuada, pues para combatir la orden de baja, y sus consecuencias, debió el agraviado acudir al juicio constitucional, y no a un procedimiento de oposición que no se halla previsto en el cuerpo legal que reglamente el acto impugnado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.