PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA POR SENTENCIA FIRME, CUANDO SE INICIA LA. LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA.

Resulta violatoria de garantías la resolución que niega declarar prescrita la sanción privativa de libertad impuesta al acusado, dentro de un proceso penal, si habiéndose en éste dictado sentencia definitiva, confirmada en apelación, se niega la protección constitucional al interponerse amparo directo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, cuando en el caso del Juez de la causa, al tener conocimiento de la ejecutoria pronunciada por el órgano de control constitucional, por conducto del Tribunal Superior, ordena al fiador la presentación del sentenciado, quien se encontraba gozando de libertad caucional, a fin de que compurgue su pena, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá a hacer efectiva la garantía otorgada. En el caso particular y en estricto rigor jurídico, el acusado no se encontraba subjúdice, sino sustraído a la acción de la justicia, en virtud de que su proceso había culminado con fallo ejecutoriado, aun cuando formalmente no se hubiese revocado su libertad bajo fianza, ni ordenado su reaprehensión. El artículo 114 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, disponen que los términos para la prescripción de las sanciones corporales serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia, en tanto el diverso 377 fracción VI del propio ordenamiento legal estatuye que la libertad caucional se revocará cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia emitida en primera o segunda instancia, no siendo necesario proveer auto especial revocándola, sino que para tenerla por revocada bastará la sentencia ejecutoria aunque ésta no lo disponga expresamente, de manera que la autoridad a quien corresponda la ejecución del fallo será la que requiera al reo o a su fiador para que presente a su fiado y ordene se haga efectiva la garantía. En tales condiciones, como en la especie la sentencia de segundo grado quedó firme al negársele al reo la protección federal solicitada, desde el momento en que el Juez de la causa dispuso se requiera al fiador para que presentara al acusado a efecto de que compurgase su pena, con el apercibimiento de que de no cumplir se haría efectiva la caución, resulta indudable que comenzó a correr la prescripción de la sanción privativa de libertad de que se trata, pues no es posible considerar admisible una interpretación que sostenga la inejecución de la sentencia ejecutoria, para el efecto de la prescripción, por el solo hecho de no haberse revocado la libertad provisional. TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.