VEHICULOS PROPULSADOS POR MOTORES TIPO DIESEL Y POR MOTORES ACONDICIONADOS PARA USO DE GAS LICUADO DE PETROLEO, CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE.

No es inconstitucional el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por Motores Acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petróleo, reformado por el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para mil novecientos sesenta y tres, en el sentido de preceptuar que el vehículo responderá preferentemente de cualquier adeudo de carácter fiscal derivado del impuesto citado. La afectación de un bien al pago de un impuesto sólo significa que se constituye una garantía real para su pago, sobre un bien determinado, a fin de que pueda hacerse efectivo el impuesto, aunque el vehículo se enajene o se embargue para responder de otras deudas del causante, o bien este sea o se vuelva insolvente. Tal garantía no se contrapone al artículo 94 del derogado Código Fiscal, ni al 114 del vigente, reproducción de aquel, porque en caso de secuestro administrativo el ejecutor debe respetar al deudor el derecho de señalar bienes en el orden previsto por dicho precepto, y sólo en caso de que no haga el señalamiento, de que éste sea insuficiente o de que no tenga bienes embargables, se trabará el secuestro sobre dicho camión, aunque haya pasado a ser propiedad o posesión de otra persona. En tal virtud, dicha garantía no impide a los interesados dedicarse al negocio del transporte; no constituye una confiscación de bienes; no impide que sean oídos en defensa de sus intereses, puesto que no modifica el procedimiento de cobro; ni autoriza la ejecución de actos arbitrarios, carentes de motivo o de fundamento legal; y, por lo mismo, es inexacto que el precepto combatido viole los artículos 4o., 16 y 22 constitucionales.