INHIBITORIA, COMPETENCIA POR. INTERPRETACION DEL ARTICULO 106 CONSTITUCIONAL Y 36 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

El artículo 106 constitucional se refiere a cuestiones de competencia suscitadas exclusivamente entre tribunales, como lo confirma con mayor amplitud el artículo 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se configura el conflicto competencial previsto por dichos artículos, cuando el desacuerdo tocante a la competencia no se produce entre tribunales, sino que proviene de un particular, inconforme con que el tribunal que él estima competente se allane a reconocer la competencia ajena. Quiere decir, por tanto, que las partes en los conflictos competenciales previstos por el artículo 106, sólo pueden ser los tribunales, independientemente de que éstos a su vez hayan sido excitados por las partes en el juicio, en los términos de las leyes secundarias. Aunque en su texto literal el artículo 106 de la Constitución no plantea dudas, sin embargo el problema surge en presencia del párrafo tercero del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice así: "Luego que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento, y, en el término de cinco días, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos al tribunal requirente. En cualquier otro caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así la requirente, para que haga igual cosa". El párrafo que se acaba de transcribir se presta a varias interpretaciones. Una de ellas, que atiende preferentemente al sentido literal, considera que hay dos hipótesis en el precepto; consiste la primera en que las partes estuvieren conformes con la inhibición aceptada por el tribunal requerido, caso en el cual por disposición expresa el requerido remitirá los autos al requirente; se da la segunda hipótesis cuando simplemente no opera la primera, es decir, cuando alguna de las partes no estuviere de acuerdo con que el tribunal requerido acepte la inhibición. Esta segunda hipótesis no está prevista expresamente en el precepto, pero se la hace derivar de que, al decir el artículo "en cualquier otro caso", se está refiriendo tácitamente al caso contrario del previsto expresamente, o sea al caso en que no hay conformidad de las partes con el allanamiento del tribunal requerido. Así configurada dicha hipótesis, el precepto dispone que en tal caso el tribunal requerido "remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requirente, para que haga igual cosa". Es entonces cuando surge, según la interpretación expuesta, la competencia de la Suprema Corte para conocer del caso. Como se ve, no se trata en la hipótesis legal de un conflicto entre tribunales, puesto que los dos posibles contendientes están de acuerdo en que la competencia corresponde al requirente. En tales condiciones, sólo cabe entender que la diferencia de criterio se da exclusivamente entre un litigante y el tribunal requerido, por cuanto al litigante no está conforme con que el requerido acepte la inhibición. Hay que convenir, por tanto, que de entender así el precepto, lo que éste instituye es un recurso o medio de defensa en favor del litigante cuya pretensión no fue acogida por el tribunal requerido, de quien solicitó que sostuviera su competencia frente al requirente. De admitir que de tal cuestión puede conocer la Suprema Corte, ello sería por virtud del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no por el artículo 106 de la Constitución, ya que no existe conflicto competencial entre tribunales, para resolver los cuales, y sólo para ello, otorga facultades este último artículo a la Suprema Corte. Además de que los tribunales, en la situación prevista, no concurrirían ante la Suprema Corte como partes en litigio desde el momento de que no hay entre ellos controversia alguna, debe observarse que la Corte tendría que resolver entre estas dos tesis opuestas: la del tribunal requirente, que ha sido aceptada por el requerido, y la de la parte en el juicio que se opone a dicha tesis, lo cual no sería a todas luces ejercicio de la facultad de "dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales", que otorga el artículo 106 a la Suprema Corte. Diferenciadas de este modo ambas facultades, la que confiere el mandamiento constitucional y la que pretende atribuir a la Corte el precepto de la ley secundaria, sólo falta esclarecer que este último sería inconstitucional si se entendiera que, como se deriva de la interpretación comentada, otorga a la Corte una facultad que no consta en la Constitución. En efecto, el artículo 124 de la Ley Suprema establece como únicas facultades de los poderes federales las que expresamente les concede la propia Constitución, de tal manera que sería contrario a dicho precepto el que una ley secundaria, como es el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorgará a la Suprema Corte el conocimiento de una cuestión competencial distinta de las que de manera limitada y expresa le confiere el artículo 106 de la Constitución. A fin de eludir la tacha de inconstitucionalidad que merecería el artículo 36 del referido código en caso de interpretarse en la forma expuesta, y teniendo en cuenta que el mismo artículo no es suficientemente claro para obligar a una sola interpretación, el Pleno considera que es susceptible de admitir su texto otro sentido, en concordancia con el artículo 106 de la Constitución. En ese orden de ideas, la expresión "en cualquier otro caso" que emplea el artículo 36, sólo cabe entenderla constitucionalmente como referida al caso en que el tribunal requerido no acepta el oficio inhibitorio del tribunal requirente, caso del que no habla expresamente el artículo 36 y que es, sin embargo, el que surte la competencia de la Corte conforme al artículo 106.