SOCIEDADES, TIENEN INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR LOS PRECEPTOS QUE REGLAMENTAN EL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS REPARTIBLES.

Las sociedades sí tienen interés jurídico, en su calidad de deudoras solidarias, para reclamar la constitucionalidad de los preceptos que reglamentan el impuesto sobre ganancias repartibles que se cobra a los socios, ya que si bien es cierto que de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 31 de diciembre de 1941, el impuesto lo causan los socios, es decir, los que perciben las ganancias distribuibles o que deben distribuirse, y no la sociedad, debe tenerse en cuenta que el propio artículo establece la obligación solidaria de las empresas para el pago del tributo, el cual están obligadas a retener y enterar a las autoridades fiscales, solidaridad que está también determinada por los artículos 24 y 27 del Código Fiscal de la Federación, y de acuerdo con lo establecido por el último de los preceptos citados, las sociedades tienen también el carácter de sujetos del crédito fiscal, en sustitución del deudor principal, cuando hacen a los socios cualquier pago en efectivo o en especie, y si el deudor primitivo no cumple su prestación fiscal, el deudor sustituto queda solidariamente obligado a ella, en los términos de la misma disposición; por tanto, existiendo entre la sociedad y los socios una relación de solidaridad y sustitución en materia fiscal, es indudable que la primera puede oponer, en defensa de los derechos o de las obligaciones de quienes es solidariamente responsable, todas las excepciones conducentes, contra las propias obligaciones y ante las autoridades competentes, puesto que de acuerdo con el artículo 1995 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicable a la materia federal, el deudor solidario está facultado para oponer las excepciones que se derivan de la naturaleza de la obligación, y en tales condiciones resulta que la sociedad está legitimada, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, para ejercitar la acción constitucional contra el cobro del impuesto de que se trata, y reclamar la inconstitucionalidad de las disposiciones que lo establecen.