AGRARIO, FACULTADES DE LOS DELEGADOS ESTATALES.

Una orden de un delegado estatal agrario debe considerarse que no tiene fundamento legal alguno y carece de una motivación debida, si únicamente para pretender fundarla se invoca una resolución presidencial que no se determina y que no mandaron ejecutar las autoridades superiores del Departamento de Asuntos Agrarios, encargadas de hacerlo en razón a su competencia legal; máxime si la propia afectada no fue oída ni vencida en procedimiento alguno que justificara lo mandado por dicho delegado estatal en acto tan insólito. Es por esto que con tal acto y, como consecuencia, con los de ejecución que del mismo se hayan derivado o deriven, se viola en perjuicio de la propia agraviada, el principio de legalidad que al respecto consagran los artículos 14 y 16 constitucionales y, por lo tanto, procede otorgarle la protección constitucional en relación con tales actos.