FACULTAD DISCRECIONAL. ADUANAS.

Con arreglo al artículo 16 de la Carta Magna, todo acto de autoridad que prive a un particular de sus posesiones o derechos, o que le cause molestias, debe estar legalmente fundado y motivado. Resulta inexacta la afirmación de que la facultad conferida en el artículo 714 del Código Aduanero pueda ejercitarse en forma omnímoda. El arbitrio o la facultad discrecional que la ley conceda a un funcionario del Estado, capacita a dicho funcionario para resolver con arreglo a su prudente apreciación, pero siempre partiendo de hechos reales y de datos objetivos, y elaborando, sobre tales bases, razonamientos que no pugnen con las normas de la lógica ni con las máximas de la experiencia. "El arbitrio o facultad discrecional del órgano público es una libertad de apreciación de cierta amplitud, pero sujeta siempre a la condición de que la autoridad se apoye en hechos objetivos e indubitablemente comprobados y, sobre esa base, elabore argumentaciones que no se opongan a las reglas lógicas ni a las máximas de la experiencia".