INFORME JUSTIFICADO.

Conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables están obligadas a rendir su informe y justificar sus actos, y la falta de informe establece la presunción de certidumbre de tales actos; pero dejando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determine su inconstitucionalidad, cuando no se trate de actos violatorios de garantías en si mismos, sino que, su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado los actos. La carga de la prueba se distribuye, pues, entre autoridad y quejoso, tocando a aquélla la de la constitucionalidad de sus actos y a éste la de su inconstitucionalidad. La sola omisión de pruebas por parte de la autoridad no bastaría para la concesión del amparo, si a su vez el quejoso no rinde pruebas de la inconstitucionalidad del acto, o sea, de que se han vulnerado en perjuicio suyo las garantías constitucionales que invocó en su demanda, máxime que no se trata simplemente de que el acto haya carecido de fundamento, sino de que éste sea o no legalmente correcto.