DEMANDA DE AMPARO. EL COMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA DEBE HACERSE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

La tesis que por mayoría de votos ha venido sosteniendo la Sala en el sentido de que el cómputo del plazo para interponer el amparo, debe hacerse a partir del día siguiente en el que fue notificado el acto reclamado se funda en el siguiente razonamiento: El artículo 21 de la Ley de Amparo establece: El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama.... El artículo 24 de la propia ley determina en su fracción I que (el término en el juicio de amparo) comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación si el legislador utilizó diversas expresiones: día siguiente al en que se haya notificado al quejoso y día siguiente al que surtió efectos de la notificación, debe suponerse que expresó dos diversos pensamientos o que fue distinta su voluntad respecto del término para pedir amparo y en relación con el término en el juicio de amparo; por ende, el término para pedir amparo debe contarse desde el día siguiente no al día en que surte sus efectos la notificación del acto reclamado sino al día siguiente del día en que la notificación fue materialmente practicada (mediante fijación de cédula, publicación en el Boletín Judicial, etcétera, etcétera). Contra ese razonamiento pueden hacerse las siguientes consideraciones: Los artículos que se aplican fueron adoptados en la Ley de Amparo de mil novecientos diecinueve y reproducidos en la que se encuentra actualmente en vigor. Antes de que se promulgara la Constitución de mil novecientos diecisiete que mediante el artículo 107 adoptó importantes reformas en la estructura del amparo, el juicio de garantías se normaba por las reglas adoptadas, en el capítulo especial del Código Federal de Procedimientos Civiles y más concretamente por el código federal de seis de octubre de mil ochocientos noventa y siete. Dicho ordenamiento preceptuaba: artículo 781: La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de veinte días, contados desde la fecha de la notificación, si se tratare de sentencia definitiva y dentro de quince en los demás casos. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece, según se ha dicho, que el término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, por lo que parece derivar de la formula: (ligeramente cambiada) del código federal con el aditamento a que después se hará relación. El artículo 24 relativo a términos en el juicio de amparo es absolutamente nuevo puesto que en el código federal no era necesario, ya que existían disposiciones generales sobre cómputo de términos. Tampoco figura en el código federal de procedimientos (como no figura en el de procedimientos civiles del Distrito Federal, vigente ni en múltiples ordenamientos procesales) un precepto que expresamente estableciera el momento en que surte sus efectos la notificación. La adopción del artículo 34 relativo se explica fundamentalmente por la necesidad de establecer normas diversas para la autoridad responsable y las demás partes en el amparo. Si la Ley de Amparo ha adoptado disposiciones especiales sobre el momento en que surte sus efectos la notificación, es obedeciendo principalmente a la preocupación de vincular inmediatamente a la autoridad responsable al cumplimiento de las resoluciones dictadas en el juicio de amparo, desde la hora en que se les entrega el oficio de notificación, para evitar procedimientos indebidos de la propia autoridad encaminados a eludir la resolución que concede la suspensión, otorga el amparo o requiere para el cumplimiento de la sentencia, pretextando que no conoció el contenido de la repetida resolución sino hasta horas o días después. Es lógico que el artículo 24 relativo a términos en el juicio de amparo este íntimamente vinculado con la estructura adoptada por la propia ley sobre efectos de la notificación, pues el cómputo de tales términos debe hacerse en forma congruente con el sistema. Más la disposición que establece el término para pedir amparo tiene que adoptarse a todo el inmenso campo judicial y administrativo , del que puede emanar el acto reclamado; la formula que se adopte debe ser genérica, flexible y adaptable lo mismo a aquéllas legislaciones que adopten un precepto especial sobre el momento en que surte efectos la notificación, que a la que no resuelve en forma expresa el problema y lo deja a la libre interpretación jurídica. Es la ley que rige el acto a la que incumbe, dentro de su soberanía, regir la forma y efectos de sus notificaciones y no a la ley que organiza el procedimiento constitucional para impugnarlas. Por ende, el artículo 21 de la Ley de Amparo debe interpretarse como una disposición independiente de la contenida en el artículo 24 de la propia ley. La consecuencia de la aplicación de la tesis mayoritaria anterior, se advierte en proyectos de sobreseimiento en los que se considera como día de la notificación, el de su publicación en el Boletín Judicial. En tanto que el autor del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no tiene por hecha la notificación sino hasta el día siguiente, la Sala, para los efectos del amparo, adoptaba un precepto diverso cuyo efecto es restringir el término para ejercitar la acción constitucional; y consideraba como notificación la publicación en el Boletín Judicial que no es más que una indicación a las partes en el sentido de que se ha dictado una resolución en el juicio para que acudan al juzgado a enterarse de su contenido, puesto que en el boletín sólo se expresan los nombres de las partes más no se transcribe el contenido del acuerdo. Fácilmente puede imaginarse un precepto de una ley administrativa que estableciendo la notificación por edictos considere que no surte sus efectos sino quince días después de publicado el último edicto, tratándose de personas de domicilio desconocido. La tesis anterior consideraría que en el momento en que surtió efectos la notificación, conforme a la ley del acto, se extinguió ya el término para impugnarla en amparo. En tal virtud la Sala por unanimidad considera que el computo del plazo para interponer el amparo debe hacerse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado. Finalmente, aun considerando que la cuestión fuera opinable o discutible, la más elemental prudencia ha conducido a la Suprema Corte a optar, en casos similares, por entrar al fondo del amparo y no por el sobreseimiento porque un sobreseimiento injusto es una denegación de justicia.