INTERDICTO DE RETENER LA POSESION, ACCION DE LOS ARRENDATARIOS EN EL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA).

El artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora dispone: "compete el interdicto de retener la posesión al que, estando en posesión jurídica o derivada de un bien inmueble o derechos reales, es amenazado grave e ilegalmente de despojo por parte de un tercero, o pruebe que éste ha ejecutado o hecho ejecutar actos preparatorios que tienden directamente a una usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho, y si el poseedor no hubiere obtenido la posesión de su contrario, por fuerza, clandestinamente o a ruegos". No debe estrecharse el sentido del término "tercero" que use el citado artículo, entendiéndolo solo en función del concepto "parte", o sea el extraño a la realización de un contrato sino, como cualquiera que, incluso el contratante, puede perturbar a otro en su posesión legítima; debe entenderse que en dicho artículo el vocablo "tercero" tiene una acepción general que abarca, sin distinguir entre contratantes y personas ajenas al contrato, a todos, quienes quiera que sean, que ilegalmente perturben a otro en su posesión legítima originaria o derivada. Así se desprende del propio artículo 29 que, en su parte final, niega la procedencia del interdicto, si el poseedor obtuvo la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente o a ruegos; esto, en sentido contrario, está diciendo claramente que si el poseedor perturbado, obtuvo del perturbador la posesión contractualmente, aquél si tiene contra éste, parte contratante, expedita la vía interdictal, para obligarlo a respetarle su posesión. Lo anterior se confirma haciendo un estudio sistemático de los principios legales que se desprenden de la legislación civil del Estado de Sonora: el artículo 973 del Código Civil dice: "todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquéllos que no tengan mejor derecho a poseer"; y aunque, evidentemente, el propietario tiene derecho a poseer el inmueble que le pertenece en propiedad, por darlo en arrendamiento y transmitir al inquilino la posesión derivada, el derecho de éste a ella, a virtud del contrato, y en tanto este no se termine legalmente, es mejor que el del propietario, que esta obligado a respetarle esa posesión que contractualmente le concedió, pero si ilegalmente lo perturbare en su posesión, la ley le concede como medio de defenderla, el interdicto de retener la posesión. En efecto, los artículos 980 del Código Civil y 647 del código procesal civil, respectivamente, estatuyen: "los poseedores derivados tienen los derechos siguientes: intentar los interdictos respecto de bienes inmuebles; y, la acción de interdicto de retener la posesión quedará sujeta a las siguientes reglas: I. Para que proceda, el actor deberá probar: a) Que se halla en posesión de la cosa o derecho objeto del interdicto. b) Que se ha tratado de inquietarlo en la posesión. II. La demanda deberá redactarse conforme a las reglas generales y además deberá expresarse en ella con precisión en qué consisten el acto o actos que hagan temer al actor la perturbación en la posesión de que disfruta. III. La acción deberá ejercitarse en contra del perturbador, en contra del que mandó la perturbación o en contra del que, a sabiendas y directamente, se aprovecha de ella. También podrá ejercitarse en contra del heredero del despojante....". Como se observa, estas dos disposiciones le dan al poseedor derivado, para que defienda su posesión de perturbaciones, el interdicto de retener la posesión, y esto, sin limitarla a que solo sea ejercitado contra "terceros", concepto que ni siquiera mencionan, sino el artículo 647 habla en términos generales de "perturbador". Pero también se advierte en esta disposición legal, el interés que toma la ley en que no se inquiete en su posesión al poseedor, al concederle el interdicto no sólo contra quien directa y materialmente realice la perturbación, sino también contra quien la ordene, contra quien se aproveche a sabiendas y directamente de ella (el contratante bien puede ser cualquiera de estos) y aún más, contra el heredero del perturbador. Atento lo expuesto y relacionándolo con la disposición del artículo 29 procesal, no es posible estimar que con el vocablo "tercero" usado por el se este señalando exclusivamente al sujeto ajeno a una relación contractual, sino a todo aquél que ilegalmente perturbe la posesión de otro, como ya se ha dicho antes; luego sí, el arrendador perturbase a sus inquilinos en sus derechos a poseer el inmueble arrendado, evidentemente que éstos si estarán legitimados para enderezar en contra de aquél, el interdicto, ya que de no aceptarse así, resultaría que, teniendo por objeto el interdicto, no estudiar las relaciones fundamentales y sustanciales, sino establecer quien va a continuar litigando despojado y quien no, cuando el arrendador fuera el perturbador, careciendo el arrendatario del interdicto, para evitar que este último le arrebatase la posesión de propia autoridad, tendría que continuar el litigio, despojado, lo cual constituiría una injusticia y una desigualdad respecto de todos los otros poseedores, y sería además contrario al artículo 17 constitucional que a nadie permite que se haga justicia por si mismo.