FERROCARRILES NACIONALES, NATURALEZA DE SUS BIENES.

Los bienes del dominio público de la Federación, son: bienes del dominio público de uso común; bienes del dominio público afectos a un servicio público y bienes propios de la Federación (artículo 2o. de la Ley General de Bienes Nacionales). De los bienes dichos, los de uso común y los afectos a un servicio público, están fuera del comercio, son bienes inalienables e imprescriptibles (artículo 8o. de la Ley General de Bienes Nacionales). El segundo de esos grupos comprende entonces, sólo bienes que están fuera del comercio. Se les excluye de éste por el servicio público a que están destinados, y conservan esa particularidad mientras permanecen afectos al fin a que se aplicaron. Por ello los bienes de ese régimen se encuentran sujetos a un estatuto jurídico especialísimo, a una reglamentación que impide que sean susceptibles de apropiación o de propiedad privada. La peculiaridad de estos bienes, de estar fuera del comercio y sujetos a un régimen jurídico especial, es la que les permite cumplir el servicio público que les fue encomendado. Lo cumplen dentro de la actividad que realiza el Estado en logro de uno de sus fines superiores, el de su existencia como entidad soberana. En efecto, el servicio de los Ferrocarriles Nacionales está estrechamente ligado a esa existencia, por la relación íntima que ese servicio guarda con la economía, con la defensa, con la conservación del orden y de la paz pública, pilares sobre los que descansa el cumplimiento de ese fin superior que concierne a la vida del Estado. Por ello los bienes de ese organismo no pueden estar sujetos a la reglamentación ordinaria del orden común, porque sería entorpecer su servicio, limitarlo, e impedir que se realizara de manera continua la satisfacción del servicio que cumplen. La aplicación del estatuto de derecho privado a los ferrocarriles, permitiría el embargo de su equipo, facilitaría la intervención de sus vías y haría posible la apropiación de las mismas, impidiendo que el servicio se realizara de manera contínua como lo exige la satisfacción de una necesidad que siendo inaplazable es a la vez permanente. Por estas razones sus bienes quedan al margen del comercio, y sujetos al régimen especial que la continuidad y permanencia de su servicio reclama. En ellas se apoya también el principio de inenajenación que la ley establece para los bienes del dominio público de la Federación sujetos a un servicio público, el principio que los excluye de ser susceptibles de apropiación o de propiedad privada, y la consecuencia que de los mismos principios deriva, de que dichos bienes menos pueden ser motivo de expropiación, porque el Estado no puede expropiarse a sí mismo. El Estado es titular de una autonomía, y frente a la que se supone que pueden tener los ferrocarriles como un servicio descentralizado, aquél, el Estado, posee siempre en el último de los casos, en su condición de entidad soberana, una atribución que se traduce en la facultad de derogación de la ley que creó el establecimiento descentralizado; y los ferrocarriles son de esa clase de establecimientos, de esas organizaciones que nacen, crecen, se estructuran, se modifican y extinguen por disposición de la ley, por un acto del Poder Legislativo. Su régimen jurídico no es, no puede ser estatutario de derecho privado, sino de un estatuto reglamentario de un régimen legal; y los bienes que pertenecen a esa clase de organismos que cumplen esos servicios, son bienes nacionales, son bienes de la nación. Ahora bien, en el problema que el caso plantea, no se discute si los ferrocarriles pueden tener o no bienes afectos inmediatamente al servicio que prestan: trata del derecho de vía de las líneas nacionales, derechos que constituyen un elemento indispensable para el servicio mismo que realizan para su continuidad y permanencia, llamado como está a satisfacer el cumplimiento de una necesidad colectiva. Los ferrocarriles constituyen entonces una corporación pública sujeta a un régimen legal diverso al de una entidad privada. Sus directores están sujetos a la jerarquía y autoridad del Estado, y su régimen de cobro de fletes y de pasajes, lo determinan dispositivos legales denominados tarifas, y no la voluntad de sus directivos, lo cual confirma la particularidad de su régimen. De ahí que, si por una parte los bienes del dominio público no pueden ser objeto de apropiación, de propiedad privada, mientras están afectos al servicio a que se aplicaron; y si por la otra, los bienes afectos a los Ferrocarriles Nacionales por igual razón están fuera del comercio y no son susceptibles de esa aprobación, aun suponiendo sin conceder que la dotación ejidal hubiera alcanzado una parte de los bienes que los ferrocarriles reclaman, la dotación sería inoficiosa. Esta causa, es también el motivo por el que los terrenos que constituyen el derecho de vía, afectos al servicio público referido, no pueden ser afectados legalmente con eficacia por una autoridad ejidal. Ahora bien, de acuerdo con la ley, conforme al artículo primero del decreto de treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, que organiza los Ferrocarriles Nacionales de México, éstos son un organismo descentralizado con personalidad y con patrimonio propios, destinado como ya se dijo a desempeñar un servicio público, un servicio de carácter nacional. La misma ley establece qué bienes le pertenecen, y dentro de ellos incluye las vías. Determina que su manejo, su dirección, su administración, corresponde a la gerencia de los mismos, a un gerente general con capacidad para representarlos con todas las facultades que conforme a la legislación civil corresponde a un mandatario general, inclusive la de delegar su representación en la persona o personas que estime necesario, de acuerdo con la autorización que el Congreso de la Unión les otorgó en la ley de referencia; pero el patrimonio de dicho organismo, de esa institución descentralizada, es un patrimonio de administración, no un patrimonio de dominio. En efecto, para que los ferrocarriles puedan afectar su activo fijo, se requiere acuerdo del presidente de la República, refrenado por el secretario de Bienes Nacionales, porque se ha considerado que el dominio originario y fundamental de esos bienes, no obstante haberse desprendido de ellos la nación para entregarlos como patrimonio a los ferrocarriles, le sigue perteneciendo, puesto que sólo se desprendió de los mismos para crear una institución descentralizada y aplicarlos a ella afectos a un servicio público, pero sin que esa entrega por la creación de dicho organismo, ni la expresada afectación, signifiquen que dejen de ser de dominio nacional. La afectación de esos bienes a dicho servicio significa, como antes se ha expresado, que la nación no puede disponer de los mismos mientras los mantenga afectos a ese destino, en tanto no los retire del servicio público y nacional a que los aplicó.