COMPETENCIA EN CASO DE APLICACION DE LEYES QUE SE ESTIMAN INCONSTITUCIONALES.

Si lo que el quejoso combate es la ley en sí misma, con sus atributos de autonomía y plenitud jurídica, el amparo que se interponga contra ella por estimarla anticonstitucional, no podrá ser directo en única instancia ante esta Suprema Corte de Justicia, pues es lógico suponer que en estos casos las autoridades responsables lo son el Congreso de la Unión que ha pronunciado dicha ley y el presidente de la República, junto con los secretarios de Estado que hayan proveído a su sanción y promulgación, pero si por el contrario, el quejoso estima que la aplicación de la ley a su caso particular, es lo que resulta violatorio de garantías y por lo mismo considera que no es el Congreso de la Unión, el presidente de la República o sus secretarios de Estado, quienes han actuado en su perjuicio, ya que de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 de la Ley de Amparo es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es inconcuso que al no estimarse al Congreso, al presidente o secretarios como autoridades responsables, porque es notorio que ellos no han ordenado ni decidido que al caso concreto que está juzgando la Junta responsable se aplique tal o cual disposición de la ley, sino que esto es el resultado de un juicio lógico jurídico de la propia Junta, el concepto de violación en que se alegue una inconstitucionalidad de tal naturaleza, no puede serlo en forma alguna en contra de la ley, sino del laudo mismo, por cuyo motivo corresponde conocer de tal concepto de violación a la Suprema Corte y no a un Juez de Distrito. Ahora bien; si el representante de un banco quejoso, al atacar de inconstitucional el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, lo que en realidad combate es la aplicación que hace la Junta responsable de tal precepto legal en el laudo reclamado que puso fin al juicio laboral, se está en la situación que contempla la fracción V del artículo 107 de la Constitución General de la República y, en consecuencia compete a la Suprema Corte el conocimiento del amparo interpuesto.