DEPARTAMENTO CENTRAL, NATURALEZA DEL, Y JUECES COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS POR DELITOS QUE AFECTEN A SU PATRIMONIO.

No son competentes las autoridades federales para conocer del proceso instruido en contra de un miembro de la policía de esta capital, dependiente del Departamento Central, por los delitos de abandono de empleo y peculado, consistente en haberse llevado algunos objetos del equipo que se le había proporcionado, ya que si la Jefatura de Policía depende del Departamento Central y éste es el que costea y proporciona a dicha Jefatura, las prendas y objetos del equipo de policía, los hechos delictuosos que se imputan al acusado, afectan los bienes del Departamento Central, que es una entidad que, aunque federal, es autónoma, y los delitos que se perpetran en contra de su patrimonio, no atañen a la Federación; y cono el Departamento Central tiene tribunales y Ministerio Público locales, a ellos toca conocer de los hechos delictuosos en que incurran los miembros de su dependencia. El Departamento Central es una entidad creada por la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el 21 de diciembre de 1928, que dispone que aquél estará formado por las que fueron Municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac, es decir, el Departamento Central no es sino una división territorial del Distrito Federal; que estará a cargo del presidente de la República, en lo que se refiere a su gobierno, quien lo ejercerá por medio del departamento ya citado; en el concepto de que el Ejecutivo de la Unión nombrará y removerá libremente al jefe del citado departamento. De lo anterior se concluye que aunque el Distrito Federal es una entidad federativa que forma parte de la Federación, en lo que concierne a su gobierno y administración, es autónoma, porque ambas funciones las ejerce el presidente de la República, de manera independiente, por conducto del Jefe del Departamento Central, dentro de las atribuciones que la citada ley orgánica le señala. Según dicha ley, son atribuciones a cargo del Departamento del Distrito Federal y del jefe del mismo, entre otras, los servicios de policía, la administración de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal y la recaudación de impuestos, derechos y rentas de todo género, que forman el erario del Distrito Federal. De lo anterior se deduce que el Departamento del Distrito Federal tiene servicios de policía local, el cual es sostenido con ingresos propios del mismo Distrito, que obtiene de la recaudación de sus impuestos, derechos y rentas que forman su erario, administrados por el jefe del Departamento, o sea, con los fondos propios que integran su patrimonio. El Reglamento de Policía del Distrito Federal dispone que los agentes de ésta dependen del Gobierno del Distrito, y estarán a las órdenes inmediatas de la Inspección General de Policía; y según la ordenanza general para los cuerpos de policía, de 1922, es el Gobierno del Distrito Federal quien prevé a dichos cuerpos de la dotación necesaria, como revólver, vestuario, equipo, etcétera; siendo los gastos respectivos a cargo del Gobierno del Distrito Federal; todo lo cual hace presumir que los objetos equipo de policía de que dispuso el acusado, en calidad de agente del la policía, son de la propiedad del Departamento Central, y por tanto, los hechos delictuosos afectan al gobierno de aquél y no al de la nación, y la competencia para conocer de los hechos delictuosos que le atribuyen, se surten en favor del fuero común. Además, el caso no queda comprendido en ninguna de las fracciones del artículo 104 constitucional, ni en ninguno de los incisos de la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que ni la Federación es sujeto pasivo, ni el acusado tenía el carácter de funcionario o empleado federal, sino local, dependiente del Gobierno del Distrito Federal, ni el servicio de policía de aquél es federal, ni puede decirse que el peculado se ha perpetrado en menoscabo de los bienes de un servicio público federal.