AYUNTAMIENTOS.

Por regla general, la sociedad y el Estado tienen interés en que los Ayuntamientos no sean suspendidos, a fin de que no se altere la organización político-social; los servicios públicos se proporcionen por quienes fueron electos y se observen los preceptos constitucionales que dan vida al Municipio Libre, sin que, entre los Ayuntamientos de elección popular directa y el pueblo, existan autoridades intermedias, y además, porque la suspensión de los Ayuntamientos privaría a las personas electas de los honores y emolumentos respectivos, ocasionándoles perjuicios difíciles de reparar, puesto que su cargo es por tiempo limitado, y no es obstáculo para conceder la suspensión contra la orden administrativa que mande suspender a los Ayuntamientos, que las constituciones locales autoricen el acto, cuando haya causa justificada, si, al otorgarse la suspensión, no se puede estimar la justificación de esa causa.