PROCESOS.

La garantía consignada en la fracción VIII del artículo 20 constitucional, de que todo reo debe ser juzgado antes de cuatro meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año, si la pena excediere de ese tiempo, se entiende en el sentido de que dichos plazos se cuentan desde que se ha dictado una orden de aprehensión contra el inculpado; pues mientras tal orden no se dicte, propiamente no empieza a juzgársele, cualesquiera que sean las diligencias que se hayan practicado con anterioridad; porque indeterminada la responsabilidad de éste, los procedimientos, aunque tiendan a averiguar los hechos, no tienen por objeto, propiamente, investigar sobre la responsabilidad de determinado individuo.